El presidente de Corea del Sur defendió su decreto de ley marcial como un acto de gobierno y negó los cargos de rebelión, prometiendo “luchar hasta el final” ante los intentos de destituirlo e intensificar las investigaciones sobre el dramático incidente de la semana pasada.
La declaración televisada de Yoon Suk Yeol se produjo horas antes de que el principal partido de oposición liberal, el Partido Demócrata, presentara una nueva moción de impeachment contra Yoon para someterla a votación este fin de semana.
La declaración de ley marcial de Yoon del 3 de diciembre, la primera de su tipo en más de 40 años en Corea del Sur, ha generado caos político y grandes protestas que piden su destitución. El decreto provocó que cientos de tropas armadas intentaran rodear el parlamento y asaltar la comisión electoral, aunque no se produjeron grandes incidentes de violencia ni heridos.
La ley marcial duró solo seis horas, ya que Yoon se vio obligado a levantarla después de que la Asamblea Nacional la rechazara por unanimidad.
Yoon Suk Yeol, un conservador, dijo que promulgó la ley marcial como advertencia al principal partido de oposición liberal, el Partido Demócrata, que controla el parlamento. Calificó al partido de “monstruo” y de “fuerzas antiestatales” que, según dijo, intentaron usar su poder legislativo para destituir a altos funcionarios, socavaron el proyecto de ley de presupuesto del gobierno para el próximo año y simpatizaron con Corea del Norte.
“Lucharé hasta el final para evitar que las fuerzas y los grupos criminales que han sido responsables de paralizar el gobierno del país y perturbar el orden constitucional de la nación amenacen el futuro de la República de Corea”, afirmó Yoon Suk Yeol.
Yoon dijo que la ley marcial era un acto de gobierno que no podía ser objeto de investigaciones y no equivalía a una rebelión. Dijo que el despliegue de casi 300 soldados en la Asamblea Nacional fue diseñado para mantener el orden, no para disolverlo o paralizarlo.
Se esperaba que el discurso de Yoon Suk Yeol profundizara la división dentro del PPP. Los partidos de oposición e incluso algunos miembros del PPP dicen que el decreto de ley marcial era inconstitucional.
Argumentan que desplegar tropas para sellar la Asamblea Nacional y suspender sus actividades políticas equivale a una rebelión porque la Constitución no otorga al presidente tales derechos en ninguna situación.
La policía, los fiscales y otras agencias están investigando si Yoon Suk Yeol y otros estuvieron involucrados en la imposición de la ley marcial, cometieron rebeliones, abuso de poder y otros delitos. A principios de esta semana, el Ministerio de Justicia prohibió a Yoon salir del país, pero aún no está claro si podrían detenerlo o arrestarlo. Una condena por rebelión conlleva una pena máxima de muerte.
Si Yoon Suk Yeol es destituido, sus poderes presidenciales quedarían suspendidos hasta que el Tribunal Constitucional decida si lo destituye de su cargo o le restaura sus poderes. Si es destituido, se requerirá una nueva elección presidencial dentro de 60 días.