El gobierno de Donald Trump pondrá fin a la política que impide a los agentes de inmigración hacer arrestos en los llamados “lugares sensibles” como escuelas, iglesias y juzgados, una medida que había tratado de imponer en su anterior periodo (2017-2021).
La gran maquinaria de deportaciones de Donald Trump comienza a tomar forma. El presidente electo pretende acabar con una normativa del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) que dificulta la detención de migrantes en “locaciones sensibles”, como escuelas, hospitales o lugares de culto religioso.
La normativa ha estado vigente desde 2011 y el republicano la mantuvo durante su primera Administración, al igual que hizo Joe Biden. El próximo mandatario pretende ponerle fin desde el 20 de enero de 2025, el primer día de su Gobierno, de acuerdo a NBC News.
Trump se eligió bajo la promesa de realizar deportaciones masivas y sus asesores están preparando el terreno para superar el número de expulsiones realizadas por la Administración del presidente Joe Biden.
La política de limitar las acciones de ICE en lugares sensibles fue establecida en el Gobierno de Barack Obama (2009-2017), conocido como el jefe de deportaciones por el alto número de expulsiones realizadas en sus dos términos.
Tom Homan, nombrado por Trump como ‘zar de la frontera’ para liderar el plan de deportaciones del republicano, dijo el martes que los operativos comenzarán en Chicago.
En su primer término Trump ya había intentado rescindir esta política. En 2018 ICE anunció que comenzaría a detener a inmigrantes en los juzgados, lo que provocó importantes críticas de legisladores y organizaciones defensoras de inmigrantes.
La directiva aclaraba que los agentes tienen permiso para efectuar arrestos en los juzgados porque, cualquier individuo que entra en esas dependencias, debe superar una inspección de seguridad, no puede llevar un arma y, por tanto, se “reduce el riesgo” en la operación policial.
La agencia aseguró en ese entonces que no haría detenciones dentro de los juzgados de “manera indiscriminada”.
Previo a la llegada de Trump a la Casa Blanca, la Junta de Supervisores del condado de San Diego aprobó ayer una norma que no permite el uso de los recursos del gobierno condal, que comparte frontera con México, para la aplicación de las leyes federales de migración, lo que lo convierte en un área santuario.