En lo que va del año, al menos 118 personas han sido asesinadas por la fuerza pública
Un total aproximado de 3.000 civiles murieron en Birmania por la represión de los militares desde el golpe de Estado propinado por el Ejército en febrero de 2021, según denunció la Asociación de Asistencia a Presos Políticos de Birmania (AAPP), una de las organizaciones de activistas opositores más destacadas del país.
La víctima número 3.000 ha sido identificada por la asociación como una monja llamada Sate que fue “quemada viva” en la región de Sagaing. La religiosa no pudo escapar de un asalto militar a la localidad donde vívía, Let Pan Hla, en el municipio de Khin-U, donde procedieron a prender fuego a todos los domicilios.
El balance, recogido por el portal de noticias ‘The Irrawaddy’, vinculado a la oposición, detalla que 1.229 personas, o casi el 41 por ciento del total de muertes, fueron asesinadas por la junta y el personal de la milicia paramilitar Pyu Saw Htee precisamente en esta región de Sagaing.
La vecina región de Mandalay ocupó el segundo lugar con 350 muertos, mientras que la región de Rangún la siguió con 316. El informe no incluye a los muertos que lucharon contra la junta.
En lo que va del año, al menos 118 civiles han sido asesinados por las fuerzas de la junta, aunque la AAPP teme que es probable que el número real de muertes sea mucho mayor.
El régimen, cabe recordar, acordó a principios de febrero que el actual estado de emergencia siga en vigor al menos seis meses más, lo que abre la puerta a mantener una represión que se hizo especialmente patente en las semanas posteriores a la asonada contra el Gobierno de Aung San Suu Kyi.
En enero, la junta militar birmana concedió una amnistía a 7.012 prisioneros con motivo del 75 aniversario de la independencia del país.
La amnistía de prisioneros, una iniciativa común en Birmania en días señalados, se produjo cinco días después de que la líder depuesta y nobel de la paz, Aung San Suu Kyi, fuera condenada a 7 años de cárcel en su último juicio tras un largo proceso en el que ha acumulado 33 años de prisión por cargos que ella niega.
En amnistías anteriores, la junta ha liberado a prisioneros políticos, pero solo a unas decenas de los miles bajo rejas y algunos fueron arrestados otra vez después.
