Después de ser expulsado de México y enviado a Nueva York por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, Rafael Caro Quintero está bajo la vorágine de la venganza de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) y de la sombra del patíbulo de la pena muerte.

Desde el 27 de febrero, Caro Quintero está en medio de una disputa judicial, pues tras 40 años de ansias por tenerlo en sus manos, la DEA está en desacuerdo con el Departamento de Justicia de Trump, porque pretende enjuiciar al narcotraficante en la Corte Federal del Distrito Este en Nueva York.

Un juez afirma que el encausamiento judicial más sólido contra Caro Quintero, y con el que de ser declarado culpable y que sería sentenciado a la pena de muerte por el asesinato del agente federal Enrique Kiki Camarena en 1985, es el de California.

La DEA fue tomada por sorpresa al ser expulsado Carlo Quintero de México; pues su llegada a los Estados Unidos les fue notificado a los agentes encargados de los procesos judiciales contra el narcotraficante en California, Arizona, Texas y Nueva York el mismo día 27 de febrero.

Han afirmado que la extradición lo protegía contra una condena de pena de muerte, México lo expulsó a Nueva York porque ahí sus acusaciones no implican la pena de muerte, con esto el gobierno mexicano evitó que lo señalarán como irresponsable al poner en la antesala de la ejecución a uno de sus ciudadanos”, explica uno de los agentes de la DEA a cargo del caso del asesinato de Camarena.

Contra Caro Quintero no habrá contemplaciones, la DEA usará toda su influencia para que se le enjuicie rápido y se le castigue con la condena máxima: la pena capital.

Además de la sed de venganza de la DEA por el secuestro, tortura y asesinato de uno de los suyos, Caro Quintero podría convertirse en el primer narcotraficante mexicano en ser condenado a la pena muerte, e incluso también el primero en recibir ese castigo bajo la designación de terrorista por el decreto instrumentado recientemente por Trump.

La advertencia del fiscal es clara: “Este criminal no tiene muchas alternativas, ya los estados de California, Texas y Arizona están solicitando al Departamento de Justicia su envío para que no sea procesado en Nueva York y poder castigarlo con todo el peso de la ley”.

El encausamiento judicial en California tiene el potencial para ser un escándalo en Estados Unidos y en México, involucra a políticos y militares, muchos de los cuales ya no viven, y también se señala a la CIA en el asunto del secuestro, tortura y asesinato de Camarena.

Uno de los políticos mexicanos mencionados en el caso Camarena-Caro Quintero es Manuel Bartlett Díaz, secretario de Gobernación en la presidencia de Miguel de la Madrid, y exdirector de la Comisión Federal de Electricidad en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

El caso contra Caro Quintero en California y en poder de la Corte Federal del Distrito Central del estado acusa al capo sinaloense de conspiración para secuestrar, torturar y asesinar a Camarena.

El encausamiento incluye delitos de conspiración para traficar mariguana, cocaína, heroína, lavado de dinero procedente de la venta de los enervantes, portación de armas y municiones ilícitas, cargos por los que además sería sentenciado a cadena perpetua. Pero la condena de pena de muerte a Caro Quintero sería por el asesinato.

El encausamiento en Nueva York, por conspiración para exportar de México sustancias ilícitas y por lavado de dinero en esa entidad federativa, implicaría una condena de cadena perpetua como pena máxima, o de entre 15 y 20 años de cárcel como mínimo.

La incansable lucha de cuatro décadas que llevó a cabo la DEA para vengar a Camarena quedaría diluida por una decisión política y no judicial, si el Departamento de Justicia estadunidense declina la solicitud de extradición.