La Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresó su preocupación por la omisión de pruebas clave en una inspección realizada por la Guardia Nacional y la Fiscalía del Estado de Jalisco en una finca donde posteriormente se encontraron restos humanos calcinados.

Elizabeth Throssell, portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, calificó el hallazgo como un recordatorio profundamente perturbador del trauma de las desapariciones vinculadas al crimen organizado en el país.

El centro clandestino, ubicado en el municipio jalisciense de Teuchitlán, fue descubierto el 5 de marzo gracias a la labor de familiares de personas desaparecidas.

De acuerdo con la ONU, el rancho era operado presuntamente por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y utilizado para reclutar jóvenes con engaños, sometiéndolos a condiciones extremas de violencia.

Eran sometidos a tratos brutales y aquellos que mostraban resistencia o no cumplían con los requisitos del cártel eran asesinados, lo que concuerda con la presencia de fragmentos óseos y restos humanos carbonizados en el lugar”, explicó Throssell.

La ONU subrayó que lo más inquietante es que la finca había sido allanada previamente en septiembre de 2024 por las autoridades estatales y federales, quienes no identificaron evidencias sustanciales de actividad criminal en el lugar.

Ante esta situación, el organismo internacional destacó la importancia de que las autoridades mexicanas investiguen las posibles omisiones en la primera operación de búsqueda.

Jalisco es el estado con la mayor cantidad de personas desaparecidas en México, con casi 15 mil casos de los 124 mil 059 registrados oficialmente, un fenómeno que se ha intensificado desde 2006, cuando se declaró la guerra contra el narcotráfico.

En respuesta a estos hallazgos, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU instó a que se realicen investigaciones “exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes” sobre los crímenes cometidos en la finca.

Urgió a fortalecer las medidas de prevención y garantizar apoyo a las familias de las víctimas en su lucha por la verdad, la justicia y la reparación.