El Gobierno estadounidense ha solicitado al Congreso que extienda la vigencia de una polémica facultad que permite a las agencias secretas recoger datos electrónicos bajo la Ley de Vigilancia de la Inteligencia Extranjera.
La denominada Sección 702 faculta a las agencias de inteligencia estadounidenses a vigilar y examinar las comunicaciones de extranjeros fuera del territorio del país norteamericano.
La disposición expirará a finales de este año si el Congreso no la renueva.
La polémica Sección 702 ha sido una fuente de preocupación para las organizaciones de derechos humanos, por posibilitar además la recopilación ‘incidental’ de comunicaciones de ciudadanos estadounidenses mientras rastrea comunicaciones extranjeras.
Los demócratas se están preparando para lidiar con la oposición al programa por parte del bando republicano del Congreso, todavía indignado por los métodos del FBI en la investigación de los supuestos vínculos entre Rusia y la campaña presidencial de Donald Trump en 2016.
Anticipando la contienda, las autoridades han hecho un amplio número de declaraciones a favor de la polémica potestad, e incluso publicaron una carta conjunta del fiscal general y del director de Inteligencia Nacional al Congreso, en la que se destaca su importancia.
“Esta autorización es una herramienta inestimable que sigue protegiendo a los estadounidenses cada día y es crucial para asegurar que las agencias de defensa, inteligencia y aplicación de la ley de EE.UU. puedan responder a las amenazas de la República Popular China, Rusia, nefastos actores cibernéticos, terroristas y aquellos que buscan dañar nuestras infraestructuras críticas”, reza el comunicado de Jake Sullivan, asesor para la seguridad nacional de la Casa Blanca.
Sullivan informó haber instruido a su adjunto para que coordine los esfuerzos de la Casa Blanca para la extensión de dicha facultad, conjuntamente con el Departamento de Justicia, la Oficina del Director de Inteligencia Nacional y otros organismos federales, mientras continúen las conversaciones en el Congreso sobre la preservación de esa “herramienta esencial para la protección de EE.UU.”.