Este fin de semana Francia acusó a Estados Unidos de tratar de interferir en las operaciones de empresas francesas.

La situación se presentó cuando les fue enviada una carta, donde les anuncian la eliminación de iniciativas de diversidad, equidad e inclusión que también aplica fuera de Estados Unidos.

Sin embargo los medios franceses informaron que la carta recibida por las principales empresas francesas fue firmada por un funcionario del Departamento de Estado que forma parte del personal de la embajada norteamericana en París.

Le Figaro publicó lo que dijo era una copia de la carta y en el documento se puede leer una orden ejecutiva que el presidente estadounidense Donald Trump firmó en enero para terminar con los programas DEI dentro del gobierno federal también se aplica a todos los proveedores y prestadores de servicios del Gobierno de Estados Unidos, independientemente de su nacionalidad y del país en el que operen.

El documento pide a los destinatarios completar, firmar y devolver en cinco días un formulario de certificación separado para demostrar que están en cumplimiento.

Ese formulario decía: “Todos los contratistas del Departamento de Estado deben certificar que no operan ningún programa que promueva DEI que viole las leyes antidiscriminatorias aplicables”.

Además en el formulario pide a los destinatarios marcar una casilla para confirmar que “no operan ningún programa que promueva la Diversidad, Equidad e Inclusión que viole las leyes federales antidiscriminatorias aplicables”.

Añade: “Si no está de acuerdo en firmar este documento, le agradeceríamos que pudiera proporcionar razones detalladas, que remitiremos a nuestros servicios legales”.

La ministra de Francia para la igualdad y la lucha contra la discriminación, Aurore Bergé dijo que carta es una forma, obviamente, de interferencia. Es decir, es un intento de imponer un dictado a nuestras empresas.

Afirmó que el gobierno de Francia está siguiendo la situación muy de cerca y trabajando para determinar cuántas empresas recibieron la carta.

La ministra dijo que muchas empresas han informado al gobierno que no planean responder, porque, de hecho, no tienen que responder a una especie de ultimátum planteado por la embajada de Estados Unidos en nuestro país.