Hasta el momento, se han impuesto 927 medidas coercitivas unilaterales contra el país suramericano.
El presidente estadounidense, Joe Biden, prorrogó el decreto ejecutivo de “emergencia nacional”, que considera a Venezuela como “una amenaza inusual y extraordinaria” para EE.UU.
En un mensaje al Congreso, fechado el pasado miércoles 1 de marzo, el presidente estadounidense consideró que era “necesario continuar con la emergencia nacional declarada en el Decreto Ejecutivo 13692 respecto de la situación en Venezuela”.
Según el escrito, “la situación en Venezuela continúa representando una amenaza y la política exterior de EE.UU.”.
Esta declaratoria de “emergencia nacional” respecto a Venezuela fue decretada por primera vez el 8 de marzo de 2015, durante el gobierno de Barack Obama, mediante la Orden Ejecutiva 13692.
Tras este anuncio, el viceministro de Políticas Antibloqueo, William Castillo, compartió en su cuenta de Twitter un trino emitido por ese organismo donde se afirma que con esta medida el Gobierno estadounidense “da continuidad a su política criminal de cambio de régimen mediante la imposición ilegal de medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela”.
El canciller venezolano, Yván Gil, detalló durante su reciente participación en la 52 sesión ordinaria de ese ente perteneciente a la Organización de Naciones Unidas (ONU), en Ginebra, Suiza, que se encuentran vigentes 927 medidas punitivas contra su país, que han impedido el ingreso de unos 232.000 millones de dólares en los últimos nueve años.
Hasta ahora, según el Observatorio Antibloqueo, hay 154 entidades venezolanas sancionadas por EE.UU., entre organismos públicos y privados, mientras que 143 compañías del sector petrolero y energético, comercial, transporte y tecnología han sido penalizadas.
El decreto de Obama sentó las bases jurídicas para la imposición de medidas punitivas contra el país suramericano.
De conformidad con esa “emergencia nacional”, se emitió la Orden Ejecutiva 13808, del 24 de agosto de 2017, que prohíbe la compra directa o indirecta de valores procedentes del Gobierno venezolano.
Luego llegó la Orden Ejecutiva 13827, del 19 de marzo de 2018, que impide toda transacción relativa a la expedición y el uso de cualquier tipo de dinero electrónico.
El 21 de mayo de ese mismo año, se emitió la Orden Ejecutiva 13835, con la cual se recrudecieron las prohibiciones de transacciones u operaciones de refinanciamiento de la deuda venezolana.
Unos meses más tarde, el 1 de noviembre de 2018, salió la Orden Ejecutiva 13850, mediante la cual se bloquearon los activos y se prohibieron las transacciones de personas que operen en el sector oro.
La Orden Ejecutiva 13857, del 25 de enero de 2019, por su parte, designó a Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), sus filiales y entes asociados como sujetos de sanciones por parte de EE.UU., y abrió las puertas para la confiscación de todos los activos de la nación suramericana en territorio estadounidense.
Mientras que, con la Orden Ejecutiva 13884, del 5 de agosto de 2019, se amplió el programa de medidas unilaterales a “embargo” y se autorizó la aplicación de sanciones secundarias contra empresas o países que tuvieran relaciones comerciales con Venezuela.
