Las cifras difundidas recientemente expusieron un fuerte incremento de estas penas con respecto al 2022 y exigieron su cese inmediato
El régimen de Irán ya ha ejecutado a 94 personas en lo que va del año, lo que implica un “aumento notable” en el uso de estas penas con respecto a los meses de enero y febrero de 2022.
Por otro lado, las ONG advirtieron del “creciente uso de la pena de muerte contra las minorías perseguidas”. Según detalla el informe, desde principios del año, ya han muerto en este contexto de juicios injustos una persona de la minoría árabe Ahwazi junto con 14 kurdos y 13 baluchíes.
Puntualmente, se identificó a Hasan Abyat, ejecutado en la prisión de Sepidar, en Juzestán, y a Arash Ahmadi, quien fue asesinado en la prisión de Diesel Abad, en la provincia de Kermanshah, al oeste de Irán.
También, dieron cuenta de que por lo menos una decena de otros fueron condenados a muerte, lo que supone “una espantosa escalada en el uso de la pena de muerte como herramienta de represión contra las minorías éctnicas”, continúa el comunicado.
Desde AI reiteraron que la pena de muerte -el máximo castigo existente- es “cruel, inhumana y degradante” y, según el Derecho Internacional, al darse como resultado de un “juicio injusto”, constituye “una privación del derecho a la vida”.
Un caso similar es el que enfrentan los manifestantes detenidos en las protestas impulsadas tras la muerte de la joven kurdo-iraní Mahsa Amini, que generó enojo en la población y derivó en pedidos de “muerte al dictador” y “fin a la República Islámica”.
En este contexto, ambas organizaciones llamaron al cese urgente de esta práctica con la que el régimen busca “sembrar el temor de que cualquier persona sea reprimida con la fuerza bruta, ya sea en las calles o en la horca”, dijo por su parte la directora de Centro, Roya Boroumand.
