La CIDH recordó que la dictadura de Nicolás Maduro a generado un entorno hostil contra las organizaciones defensoras de los derechos humanos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió este lunes al régimen venezolano que no ratifique una ley que regulará el funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales y que, por el contrario, adopte medidas para “reconstruir la democracia”.
“En Venezuela existe un entorno hostil contra las organizaciones defensoras de los derechos humanos, en el que predominan las campañas de desprestigio, estigmatización y actos de hostigamiento como consecuencia de sus actividades de defensa”, aseguran la CIDH y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE).
Por eso “instan a que Venezuela se abstenga de aprobar cualquier tipo de legislación o reglamentación que limite arbitrariamente el derecho de asociación, la libertad de expresión y la participación en asuntos de interés públicos” y le piden que tome “medidas dirigidas a reconstruir la democracia y el estado de derecho”.
Además de “acotar las actividades que pueden ser desarrolladas por las organizaciones”, el proyecto de ley otorga a las autoridades la facultad de disolver unilateralmente aquellas que participen en lo que considere “actividades políticas o que atenten contra la estabilidad nacional y las instituciones de la República”, explica la CIDH en un comunicado.
La presentación del proyecto ante la Asamblea se caracterizó por referencias estigmatizantes hacia 62 organizaciones, a las que se les calificó de “enemigas”, “traidoras de la patria” y “fachadas de partidos”, manifestaron la CIDH y la RELE.
En Venezuela muchas oenegés han asumido tareas como el levantamiento de datos sobre la inflación, los índices de pobreza y datos epidemiológicos ante la falta de cifras oficiales o la opacidad en la información.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la CIDH, que a su vez es un órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Tras la primera discusión del proyecto, 26 ONG venezolanas afirmaron que la propuesta que busca fiscalizar la actuación y financiación de las Organizaciones No Gubernamentales constituye una mordaza que se aplicará a las instituciones que señalen irregularidades” de representantes del Estado.
Asimismo, dijeron que el proyecto de ley, que todavía debe pasar por un segundo debate, propicia un “marco intimidatorio, que promueve el sometimiento de las organizaciones civiles a los antojos y pretensiones de un Gobierno que está señalado por buena parte de la comunidad democrática internacional por ejercer de facto las funciones del Ejecutivo nacional”.
“Un buen número de las ONG existentes en Venezuela cumplen labores humanitarias que son reconocidas, apreciadas y agradecidas por sectores vulnerables de la sociedad. Cubren espacios desatendidos por las autoridades que en teoría deberían atender tales labores”, agregaron.
Las organizaciones indicaron que el régimen chavista, en lugar de crear instrumentos que propicien “intimidación e intervención” de las ONG, “podría estimular estas formas de solidaridad social, de trabajo conjunto por el bienestar” de la sociedad.
El proyecto inicial de ley que fiscaliza las ONG, compartido por algunos legisladores, contempla multas de hasta 12.000 dólares a las agrupaciones que no se registren en la entidad de control que prevén crear y que no declaren la identidad y procedencia de las donaciones.
