Con las penitenciarías colapsadas de detenidos sin el debido proceso a partir de la entrada en vigencia del régimen de excepción en 2022, una red de custodios y empleados de la dirección de penales de El Salvador cobra por permitir visitas de dos horas
Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, amaneció el 15 de marzo pasado llenando sus redes sociales con los vídeos preparados por su aparato de propaganda sobre el segundo traslado de reos a la recién inaugurada megacárcel de máxima seguridad. Decenas de cuentas de Twitter, Facebook y otras redes, de diputados bukelistas, troles cibernéticos y otros, reprodujeron los videos.
El presidente salvadoreño volvió a ganar titulares en la prensa mundial por su megacárcel y su guerra sin cuartel a las pandillas, pero también por las denuncias de irrespetos a los derechos humanos y de corrupción en sus prisiones.
La denuncia que habla sobre esta red que cobra por permitir visitas a personas arrestadas durante el régimen de excepción se une a otras, como la que desveló que las autoridades de centros penales habían establecido cobros obligatorios a familiares de los reos por paquetes de comida, vestido y medicamentes, tal como publicó Infobae.
Y todo se suma a denuncias más viejas sobre una organización de crimen organizado que existe en las cárceles salvadoreñas, en complicidad con los liderazgos de las pandillas MS13 y Barrio 18, la cual es dirigida por Osiris Luna Meza, el director carcelario de Bukele, según ha quedado establecido en decenas de documentos de investigación elaborados por fiscales salvadoreños y por agentes estadounidenses del Departamento de Justicia.
Referencias a Luna, identificado como objetivo por el Tesoro de los Estados Unidos en diciembre de 2021 y listado como funcionario corrupto y antidemocrático por el Departamento de Estado, aparecen también en una acusación hecha el año pasado por fiscales neoyorquinos contra varios líderes de la MS13.
Uno de los descubrimientos de los investigadores salvadoreños es que Luna Meza y su madre, Alma Yanira Meza Olivares, también sancionada por Estados Unidos, dirigen una red de corrupción en las cárceles que incluye plazas fantasmas y el manejo del sistema de tiendas en los penales, que es por medio de las cuales se mueve el dinero que pagan los familiares de los reos para comprar comida y otros insumos de primera necesidad.
Desde marzo de 2022, por el régimen de excepción, las garantías constitucionales de defensa y debido proceso en El Salvador han estado limitadas. En la práctica, esto ha significado que la policía salvadoreña ejecuta arrestos sin las respectivas órdenes administrativas y judiciales, que no informa a los detenidos de qué se les acusa y, entre otros abusos, que los arrestados pueden pasar hasta dos semanas sin ver a un juez y, cuando finalmente lo hacen, no cuentan con un abogado defensor.
En muchas ocasiones, como denunciaron en su momento las organizaciones Human Rights Watch y Cristosal, las únicas pruebas presentadas en los tribunales por los agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) para mantener en la cárcel a los detenidos son actas policiales en las que, de forma usualmente vaga, los policías vinculan a los detenidos con las pandillas. Por eso, hacer desaparecer ese vínculo puede significar un mejor trato en prisión e, incluso, el primer paso hacia la libertad.
Una de las abogadas entrevistadas contó que, según varios de sus clientes, en Mariona se ha perfeccionado un sistema de clasificación de reos basado en el tipo de defensor que les asiste. Si son defensores públicos, los presos son relegados a las peores celdas y, si los abogados son privados, se les ordena de tal manera que puedan acceder, si pagan, a mejores condiciones.
