En América Latina, la gestión de los recursos hídricos es “débil” pese a que la extracción por habitante aumentó entre 2000 y 2018, advierte un informe de Naciones Unidas con motivo de la primera conferencia de agua que se inició este miércoles en Nueva York.
Aunque la región ofrece algunos ejemplos de asociaciones para aprovechar los recursos, cada vez más escasos, la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH) es “débil”, dice el informe, que recomienda “apoyo político de alto nivel” a las iniciativas.
A nivel local, critica que la mayoría de las organizaciones que trabajan con los recursos hídricos sigan “acantonadas” en su sector, en particular el suministro de agua para irrigación.
“Falta una relación del campo del agua con otros sectores estrechamente ligados”, entre ellos la educación, asegura el documento.
El informe propone más sistemas de riego compartidos entre agricultores, cooperación entre comunidades urbanas y rurales e interacción agua-energía-alimentación.
También sugiere un mejor conocimiento de los ecosistemas o mejorar los datos e informaciones sobre el agua para mejorar la gestión de unos recursos que la humanidad está “vampirizando”, según el secretario general de la ONU, Antonio Guterres.
Los efectos combinados del crecimiento demográfico, el aumento de los ingresos y la expansión de las ciudades empujarán la demanda de agua de forma “exponencial”, advierte la ONU, que este miércoles inició una conferencia de tres días sobre el agua, la primera desde Mar del Plata (Argentina) en 1977.
Aunque no da cifras por regiones, el informe asegura que a diferencia de otras partes del mundo la extracción de agua en América Latina y el Caribe aumentó entre 2000 y 2018.
A nivel global, el aumento de la población presionará la demanda mundial en torno al 1% cada año, lo que equivale a un aumento del 20-30% para 2050. La agricultura absorbe actualmente el 72% de los recursos.
“Estas crisis no son accidentales, son producto de nuestras formas y sistemas irracionales de consumo”, criticó el presidente de Bolivia, Luis Arce, en la apertura de la conferencia, y están “directamente relacionadas con problemas de pobreza, desigualdad y justicia”. El documento cita algunos ejemplos de éxito como el de Monterrey, ciudad mexicana de 4 millones de habitantes, donde se creó en 2013 el Fondo del Agua para mantener la calidad del líquido, reducir las inundaciones, mejorar la filtración y recuperar hábitats naturales a través de la cofinanciación, donde participan una cuarentena de actores.
Para paliar la crisis, el informe apuesta por los “fondos de aguas”, sistemas de financiación que reúnen a usuarios aguas abajo, como las ciudades, empresas y servicios públicos.
O la creación de un sistema de “gestión inteligente” del agua de lluvia en comunidades rurales semiáridas en el nordeste de Brasil, para evitar que se repitan catástrofes como la sequía entre 1979 y 1983 que llevó a la muerte de cerca de un millón de personas.
En esa región brasileña, el millón de cisternas instaladas ha evitado más muertes por hambre, así como grandes migraciones, y ha permitido a los más pobres satisfacer sus necesidades en agua, generar ingresos y mejorar la seguridad alimentaria.
El informe señala que es “esencial entender las necesidades de agua, explícitas e implícitas”, así como tener planes de desarrollo que tengan en cuenta de la evolución del clima. Para ello se creó el Water Tracker for National Climate Planning, una herramienta de diagnóstico destinada a ayudar a los países a mejorar su planificación nacional en materia climática. Costa Rica fue el primer país en utilizarla en 2021. Asimismo, es clave la cooperación internacional en la gestión de los ríos y los acuíferos que cruzan fronteras. De los 22 países de América Latina, solo cuatro (Argentina, Brasil, Ecuador y Paraguay) han concluido acuerdos para el 90% de sus cuencas transfronterizas, asegura.
Pero también a nivel nacional, donde los cultivos requieren sistemas de riego compartidos entre los agricultores, y la cooperación entre comunidades urbanas y rurales para mantener la seguridad alimentaria y los ingresos de los agricultores.