La llamada “guerra contra las pandillas” ha sido objeto de críticas por parte de organizaciones de derechos humanos.
El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, mostró como ejemplo las estadísticas de homicidios registrados en el último día en el país, que fue igual a cero, para volver a refutar las críticas hacia su política de seguridad implementada hace un año.
“A la ‘comunidad internacional’: muéstrenme tan solo un plan de seguridad en el mundo que haya tenido estos resultados y nos cambiaremos a ese. Uno solo”, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.
El comentario estuvo acompañado de datos de la Policía Nacional Civil de El Salvador que indican que el 15 de abril se finalizó con cero homicidios en el país.
A finales del mes pasado, Gustavo Villatoro, ministro salvadoreño de Justicia y Seguridad Pública, ofreció un balance sobre los resultados del polémico régimen de excepción, que ya se aplica por un año y es llamado por el mandatario como “guerra contra las pandillas”.
De acuerdo a Villatoro, durante este primer año del estado excepcional, las autoridades policiales y militares han logrado capturar a 66.417 personas que son consideradas por el Gobierno de Bukele como “terroristas” y “pandilleros”. Al mismo tiempo, el ministro señaló que aún falta por capturar al 35 % de los pandilleros.
El estado de excepción en el país centroamericano entró en vigencia el 26 de marzo de 2022 y fue decretado tras una escalada de violencia que dejó tan solo aquel día 62 personas asesinadas por grupos delictivos.
Sin embargo, abundan los cuestionamientos contra esta medida gubernamental. Organizaciones de derechos humanos advierten que durante el régimen de excepción las fuerzas de seguridad han cometido más de 4.500 abusos contra la población, entre detenciones arbitrarias, acoso, amenaza, violencia sexual, torturas y lesiones personales.
En su informe anual sobre Derechos Humanos de 2022, el Departamento de Estado de EE.UU. denuncia “tratos inhumanos” en las cárceles de El Salvador y un “empeoramiento de la situación en las prisiones” de ese país.
Asimismo, responsabiliza al Gobierno de Bukele “o sus agentes” de supuestamente cometer homicidios arbitrarios o ilegales, que “en gran parte a raíz de la muerte de detenidos mientras estaban en prisión durante el estado de excepción”.
