Tangaraju Suppiah fue ahorcado este miércoles pese al pedido de clemencia de su familia y las organizaciones internacionales.
Singapur ejecutó este miércoles en la horca a un preso condenado por conspirar para traficar con un kilogramo de marihuana, una ejecución calificada de “escandalosa” por organizaciones de derechos humanos y que la ONU pidió detener por dudas sobre las garantías del proceso judicial.
“Pese a todos nuestros esfuerzos y nuestra lucha durante los pasados años para que mi hermano tuviera un juicio justo, el Gobierno (singapurense) ha mostrado no tener piedad”, denunció hoy en un comunicado Leela Suppiah, hermana del ejecutado, Tangaraju Suppiah.
Singapurense de origen tamil, Tangaraju fue ahorcado, el método empleado por la ciudad-Estado asiática, alrededor de las 6.00 de la mañana hora local (22.00 GMT) en la prisión de Changi, tras haber sido condenado a muerte en 2018 por “ser cómplice en una conspiración para traficar” con un kilo de marihuana de Malasia a Singapur cinco años antes.
Las autoridades singapurenses desoyeron así los llamamientos, tanto de la familia de Tangaraju, que había pedido clemencia en una carta enviada el domingo a la presidenta, Halimah Yacob, como de ONGs e incluso de la Agencia de la ONU para los Derechos Humanos, que urgió el martes a que se detuviera la ejecución ante las dudas sobre si el proceso tuvo las garantías necesarias.
Asimismo, sus parientes y activistas han denunciado que el hombre, ejecutado a los 46 años, no recibió el asesoramiento legal adecuado y se le negó acceso a un intérprete tamil cuando fue interrogado inicialmente por la Policía.
Por su parte, el Ministerio de Interior isleño defendió ayer en un comunicado que “Tangaraju fue representado por asesores legales durante todo el proceso judicial” y que “las pruebas indican que él fue quien coordinaba la entrega de las drogas”.
Su ejecución es la primera en lo que va de año, después de que en 2022 Singapur batiera récords ahorcando en pocos meses a once presos, incluyendo un traficante de heroína con discapacidad intelectual, lo que también suscitó las críticas de la comunidad internacional y las peticiones para que la isla revise su enfoque.
Pero la próspera ciudad-Estado, cuya eficacia regulatoria y soporte a la innovación la han aupado como centro financiero regional, lleva a gala su mano dura contra el narcotráfico y otros delitos en procesos criticados por grupos de derechos humanos por su opacidad y primitivismo, con latigazos y la horca entre sus métodos punitivos.
Este país se convirtió en el primero del Sudeste Asiático en legalizar el cultivo de marihuana para uso médico en junio del pasado año, y desde entonces vive una fiebre en torno al negocio del cannabis, con cerca de 8.000 tiendas distribuidas por el país.
Asimismo, Malasia derogó el mes pasado la pena de muerte obligatoria, hasta entonces impuesta sin alternativa para delitos como el narcotráfico, tras años dando pasos en favor de su anulación.
