La Unión Europea ve con preocupación el avance de China en el mundo. Su cercanía con Vladimir Putin, sus negocios en América Latina y su confrontación con Estados Unidos son algunos de los ejemplos más conocidos que han encendido las alarmas de la comunidad internacional.
Se trata de la influencia de Beijing en África, sobre todo tras el lanzamiento de la “Belt and Road Initiative”, una de las piezas centrales de la política exterior del régimen, con la que busca expandir su dominio en todo el mundo.
Parte de las maniobras que contempla esta iniciativa es invertir en países pobres -aunque muy ricos en recursos- que, al incumplir en sus pagos, quedan ahogados en inmensas deudas. Es entonces que el régimen procede a aprovecharse de su debilidad y hacerse con sus bienes.
Estos contratos han posicionado a China como uno de los principales inversores en el continente, con sumas que ascienden hasta los 155.000 millones de dólares distribuidos en 44 países.
Es por ello que, en pos de frenar el avance rojo sobre el continente, la Unión Europea anunció en 2021 el programa de inversión “Global Gateway”, que cuenta con un presupuesto de hasta 300.000 millones de euros a destinarse al desarrollo de sectores clave en la región.
La representante especial de la UE para el Sahel, la ex diputada italiana Emanuela Del Re, comentó que el impulso de los valores europeos de libertad y democracia es la “única manera” de socavar a Beijing.
Para lograr esto, el proyecto plantea un objetivo de crecimiento con miras a 2027 -en algunos casos se extiende hasta 2030-, enfocado en cinco ejes prioritarios: el sector digital; el clima y la energía; el transporte; la salud; y la educación y la investigación.
De ello, las miras están puestas, principalmente, en la economía y el desarrollo tecnológico, pilares del crecimiento sostenible en el continente.
Por ejemplo, la UE impulsa un proceso de integración económica por medio de una zona de libre comercio continental africana como único sistema continental de comercio e inversión, con base en marcos reglamentarios sólidos.
La Comisión Europea respaldó la iniciativa con una inversión adicional de 630 millones de euros y otra de 24 millones cofinanciada con Francia, Alemania y Suecia -como parte del Equipo Europa.