El proyecto de la dictadura de Miguel Díaz Canel señala que los contenidos no pueden “desestabilizar el Estado socialista”. Disidentes advierten que elevará la presión sobre redactores y medios no oficialistas.
El Parlamento de la dictadura cubana tiene previsto aprobar en unos días la ley de Comunicación Social, una norma que regulará a los medios en la isla y que periodistas independientes y ONG temen que suponga una persecución extra a los medios digitales no oficialistas que quedan dentro del país.
Las objeciones al proyecto parten de una premisa compartida: el proyecto de ley sólo reconoce la legalidad de los medios que, en mayor o menor medida, están vinculados al régimen o al Partido Comunista (PCC, único legal).
Así lo establecía ya la Constitución aprobada en 2019, que asegura que los medios nacionales “son de propiedad socialista” y “no pueden ser objeto de otro tipo de propiedad”.
Pero en este texto se va más allá porque se establecen cuestiones de contenido, como que éstos no pueden “desestabilizar el Estado socialista”. Y que el sistema de comunicación “actúa conforme al Estado socialista” siguiendo el “ejemplo de (José) Martí y Fidel (Catro) y las ideas de (…) Marx, Engels y Lenin”.
El periódico Juventud Rebelde –que pertenece a la Unión de Jóvenes Comunistas– afirmó esta semana que el proyecto “se inspira en el legado” de “Fidel Castro Ruz, el gran comunicador de la Revolución”.
Cuestiones como esas han encendido las alarmas en distintas organizaciones internacionales, quienes afirman que elevará la presión sobre redactores y medios no oficialistas.
Desde el régimen se defiende la importancia de la ley, la primera en su tipo, y se subraya que esta versión, que será votada el próximo jueves, es la número 34 –la anterior iba a ser aprobada a finales de 2022 y se aplazó por la “complejidad” del tema– y eso deja ver, insisten, que surge de un intenso debate interno.
También destacan novedades con respecto a versiones previas, como que se permitirá por primera vez la financiación por publicidad.
En ninguna de las 55 páginas del proyecto de ley se menciona a los medios independientes digitales, muchos de ellos surgidos durante el llamado “deshielo” -el acercamiento entre EEUU y Cuba de 2014 a 2017- y que, en su mayoría, han dejado el país en los últimos años tras presiones de la Seguridad del Estado.
“Esta ley no garantiza la libertad de prensa ni permite difundir contenidos independientes de los que genera el Estado”, dijo en entrevista con EFE Claudia Ordóñez, oficial del programa de Centroamérica y el Caribe de Artículo 19, una organización internacional con sede en Londres que defiende el derecho a la información.
Esta crítica la comparte Raudiel Peña, coordinador del Observatorio Legislativo de Cuba: “No les reconoce su personalidad jurídica. Tampoco al periodismo ciudadano. Solo a los que tienen vínculo con el Estado”, subraya a EFE.
Tanto Peña como Ordóñez recuerdan la entrada en vigor a finales de 2022 del nuevo Código Penal, que sanciona con cárcel la financiación externa a los medios independientes bajo el pretexto de que se busca desestabilizar al Estado desde el extranjero.
No obstante, Rafael Hernández, director de la revista cubana Temas, y quien formó parte de las discusiones internas que dieron pie al texto final, discrepa de las críticas y argumenta que los medios independientes sólo son “antigobierno”, según explicó.
Tampoco concuerda con la idea de que la ley únicamente da cabida a medios estatales y cercanos al PCC. En su opinión, en el texto se establece la posibilidad de que se creen medios de comunicación fuera de la órbita estatal.
De acuerdo con el proyecto, además de los estatales, se pueden constituir medios que pertenezcan a “organizaciones políticas, de masas y sociales, formas asociativas o a otros actores económicos y sociales”, lo que a juicio de expertos independientes no garantiza diversidad de voces porque la inmensa mayoría están controladas o en la órbita del PCC.
Sin embargo, la ley no les permite a estas entidades poner en marcha medios generalistas y les limita la paleta de contenidos a “la actividad económica o social de su titular”.
Hernández matiza ese punto: “Todo es política. Las publicaciones de la Iglesia católica (en Cuba), por ejemplo, no sólo son sobre cosas religiosas”. Para este intelectual está por ver hasta qué punto la nueva ley “permitirá o no” la “nueva cultura política” que se vive en la calle.
Para Peña, la ley de Comunicación Social “cierra el círculo” que se inició con la “tolerancia a regañadientes” del régimen cubano durante el “deshielo”, un momento en el que florecieron medios digitales críticos.
Más de cinco años después, un buen número de estos reporteros y redacciones han tenido que continuar su trabajo desde fuera de Cuba, principalmente desde Miami, Madrid y México, tras denunciar presiones de la Seguridad del Estado.
Uno de los últimos episodios ocurrió el año pasado con el medio independiente El Toque. Nueve de sus colaboradores –muchos recién graduados– hizo pública su renuncia tras entrevistas con agentes de la Seguridad del Estado.
“Es difícil hacer periodismo de calidad de manera independiente porque Cuba es un régimen autoritario (…) (pero) la prensa independiente ya no depende de que la ilegalicen o no, va a seguir existiendo por mucho que quieran cortar los hilos y reprimir a los periodistas”, asegura a EFE una de los reporteras que renunció tras aquellos hechos.
En ese sentido, José Jasán Nieves, editor jefe de El Toque, sostuvo a EFE que “se tratará de seguir haciendo periodismo (…) por suerte la nación cubana hace mucho rato que ya traspasó las fronteras territoriales del país y, por tanto, se puede hacer periodismo cubano y para Cuba sin estar bajo el efecto de una norma de este tipo” .
También afirmó que el medio –cuya sede está en Miami– seguirá trabajando con colaboradores dentro de la isla pese a las dificultades.
