La Corte Suprema de Justicia avaló que el presidente compita por un segundo mandato, algo que la Constitución salvadoreña prohíbe de forma expresa.
Cuatro días antes de pronunciar su cuarto informe de gobierno ante la Asamblea Legislativa, el presidente Nayib Bukele se reunió con su gabinete de seguridad en la casa presidencial en San Salvador a discutir la posibilidad de que la pandilla MS13 lanzara una ofensiva de violencia callejera para opacar las celebraciones por el cuarto aniversario de la toma de posesión de Bukele como presidente este 1° de junio.
La reunión fue el segundo acto de una coreografía política que había iniciado el día anterior, cuando la Policía Nacional Civil (PNC) filtró un memo interno “reservado” en el que la inteligencia policial advertía de que el liderazgo de la MS13 había sostenido una reunión de la que salieron instrucciones “hacia los corredores (jefes locales) de programas y clicas a nivel nacional, siendo el objetivo principal cometer homicidios contra personas que se plantean como objetivos” y “una confrontación directa con las fuerzas de seguridad”.
Medios de comunicación e influencers salvadoreños se hicieron eco de la información y la publicaron en sus plataformas electrónicas. La Policía suspendió permisos y se puso en alerta.
Aquel memo también tenía información poco conveniente para el Presidente. Según la propaganda de Bukele, su gobierno ha hecho poco menos que desarticular a las pandillas y extinguirlas en el territorio, algo de lo que también se han hecho eco periodistas y analistas.
Lo cierto es que, tras la publicación del memo, Bukele apareció reunido en casa presidencial con el director de la PNC, el fiscal general del país y los ministros de seguridad y defensa.
En un tuit al que añadió fotos del encuentro, el presidente hizo referencia a lo que dice el memo del 27 de mayo: “Aunque estamos ganando… la #GuerraContraPandillas, lanzaremos una ofensiva contra los remanentes de esas estructuras, para evitar cualquier intento de reagrupación”, escribió.
Las medidas de seguridad, el régimen de excepción, la propaganda sobre la supuesta desarticulación de las pandillas, la construcción de una megacárcel, medidas draconianas en las prisiones y la falta de garantías de debido proceso para miles de personas arrestadas, así como historias de alivio en comunidades salvadoreñas que hasta hace poco vivían asediadas por la extorsión de la MS13 y el Barrio 18, han hecho de Bukele un presidente muy popular en su país y en otros lugares en América Latina, sobre todo entre políticos y organizaciones de ultraderecha.
Cuando se pare en el podio de la Asamblea Legislativa, sobre la gestión del presidente, además de los aplausos de sus diputados, que son mayoría en el Congreso, planearán las sombras de las decenas de salvadoreños que han muerto bajo custodia del Estado desde el 22 de marzo pasado, cuando el presidente decretó el régimen de excepción que ya dura casi 15 meses.
Tanto Naciones Unidas como el Departamento de Estado en Washington y varios medios escritos de referencia mundial, en inglés y español, han retomado el informe de Cristosal para cuestionar los logros que Bukele atribuye a sus medidas de seguridad y la humanidad de sus políticas públicas.
A todo esto Bukele responde con desdén. El presidente atribuye las quejas a lo que él llama la agenda política de la oposición, en la que incluye a periodistas, funcionarios extranjeros que lo critican, organizaciones como Cristosal, las Naciones Unidas e incluso a la iglesia católica.
Todo esto, el régimen de excepción, el despliegue de armas, las capturas arbitrarias, sigue siendo muy popular en El Salvador. Una encuesta de la Universidad Centroamericana (UCA) dice que el 88% se siente más seguros gracias al régimen y un 74% aprueba cercos militares como el de Nueva Concepción. Omar Serrano, vicerrector de la UCA, dijo que el régimen de excepción es, de hecho, “el pilar” de la popularidad del presidente.
