Las autoridades judiciales procesaron a un total de 1.278 individuos que fueron detenidos durante las protestas.
Casi 750 personas fueron condenadas a prisión firme en Francia por los disturbios que estallaron tras la muerte de un joven baleado por la policía en junio, indicaron este miércoles las autoridades, que defienden “una respuesta firme y sistemática”.
“Era muy importante que hubiera una respuesta firme y sistemática (…) Era esencial que restableciéramos el orden”, aseguró el ministro de Justicia, Éric Dupond-Moretti, durante una entrevista en la radio RTL.
La muerte de Nahel, un joven de 17 años, por un disparo a quemarropa de la policía durante un control del tránsito en Nanterre, un suburbio del oeste de París, el 27 de junio provocó un estallido de violencia urbana, que dio la vuelta al mundo.
Durante las nueve noches de disturbios, se quemaron miles de autos, se incendiaron edificios públicos y se saquearon tiendas. Las aseguradoras estimaron los daños en 650 millones de euros (unos 730 millones de dólares), según su federación.
Los tribunales dictaron por ahora 1,278 sentencias, entre ellas 95% condenatorias, indicó el ministro. De las 1,056 personas condenadas a penas de cárcel, a 742 se les impuso prisión firme y 600 ya están encarceladas, agregó.
La respuesta inicial del presidente centrista Emmanuel Macron a este estallido de violencia, el segundo desde enero con las protestas contra su reforma de las pensiones, se centró en un fuerte despliegue policial (hasta 45,000 agentes) y llamados a la responsabilidad.
Las condenas son superiores a los disturbios que vivieron los suburbios de las ciudades durante tres semanas en 2005, tras la muerte electrocutados de dos jóvenes que huían de la policía. Más de 400 penas de prisión firme fueron pronunciadas entonces.
La edad media de las más de 3,700 personas detenidas durante los últimos disturbios era sólo de 17 años y, según el ministro del Interior, Gérald Darmanin, alrededor de 60% de los arrestados no tenían antecedentes penales.
Ante la presencia de menores de edad, el gobierno presionó a sus padres y evocó la posibilidad de “sancionar económicamente” a las familias de los jóvenes que participen en los disturbios, una opción criticada por la oposición de izquierda.
El ministro de Justicia recordó a la fiscalía la “responsabilidad penal” de quienes no ejerzan la autoridad parental, que puede conllevar penas de hasta dos años de prisión y 30,000 euros de multa (32,700 dólares).
El gobierno también había pedido colaboración a las redes sociales para identificar a los usuarios que colgaran vídeos sensibles de los disturbios y abogó incluso por “suspender” algunas de sus funciones en situaciones similares en el futuro.
