Al menos seis personas murieron ayer en Kenia en protestas convocadas por la oposición contra un aumento de los impuestos y duramente reprimidas por las fuerzas de seguridad, confirmó hoy Amnistía Internacional (AI).
El director para Kenia de la organización pro derechos humanos, Irungu Houghton mencionó que la policía hizó uso de palizas, arrestos y detenciones arbitrarias contra los manifestantes.
Además, la Policía usó “indiscriminadamente y desproporcionadamente gases lacrimógenos y cañones de agua, entre otras violaciones graves”, añadió el activista.
AI afirmó haber que al menos treinta casos de homicidios policiales de manifestantes desde el pasado mes de marzo, cuando el líder de la formación opositora Azimio La Umoja el ex primer ministro Raila Odinga, empezó a convocar las protestas.
Además de la violencia policial, AI lamentó “el uso cada vez mayor de agentes no uniformados para efectuar detenciones arbitrarias de manifestantes pacíficos”, así como los “llamamientos de los líderes políticos instando a la Policía a disparar o arrestar arbitrariamente”.
Centenares de kenianos se manifestaron en la capital, Nairobi, y otras ciudades del país, como Kisumu (oeste), Mombasa (sur) y Nakuru (centro), así como en los condados de Homa Bay, Kisii y Siaya (oeste).
En algunos puntos levantaron barricadas y quemaron neumáticos en las carreteras para intentar impedir el paso de la Policía, que desautorizó las protestas y disparó gases lacrimógenos y munición real para dispersarlas.
El ex primer ministro ha liderado en el último año numerosas movilizaciones contra de la subida de los precios de los alimentos básicos y del Gobierno del presidente William Ruto, a quien acusa de haber manipulado los resultados de las elecciones de agosto de 2022.
La semana pasada, al menos 23 personas murieron en protestas parecidas convocadas por Odinga, según la Oficina de Derechos Humanos de la ONU.
La tensión y el descontento social han ido en aumento en las últimas semanas, después de que el presidente aprobase el pasado 26 de junio una nueva ley que, entre otras medidas, supone la subida de los impuestos sobre el combustible hasta el 16 %.
Las autoridades kenianas aplicaron ese aumento pese a que la justicia suspendió temporalmente su aplicación a la espera de determinar su constitucionalidad.