Por Adrián Trejo
¿Cómo estará configurado el presupuesto para el próximo año, cuando el Gobierno debe tener recursos suficientes para garantizar el pago de los programas sociales?
Ni modo que diga que no tendrá, justo cuando más lo necesita para amarrar a su clientela electoral.
El escenario no es nada halagüeño, por más que el Gobierno se empeñe en decir que la economía marcha sobre ruedas.
Solo para alcanzar la meta presupuestal para este 2023, el Gobierno contratará deuda por 1.2 billones de pesos.
Para el próximo año, la fortaleza del peso, que tanto presume el Gobierno como un logro, tendrá un efecto negativo en las finanzas públicas.
Primero, porque el Gobierno recibirá menos pesos por los dólares que recibe por la exportación del petróleo y algunos derivados.
Segundo, porque la producción de Pemex ha caído y el incendio de la planta Nohoch-Alfa, el 7 de julio pasado, en la Sonda de Campeche, reducirá aún más la producción de crudo mexicano.
Aunado a ello, las metas de recaudación fiscal no se han cumplido.
El último reporte del SAT establece que la recaudación del IVA cayó 5.2% de enero a mayo pasado, a pesar de la recuperación económica.
Eso sin contar imprevistos que obliguen al Gobierno a destinar recursos que ahora tiene etiquetados.
En fin, que el tejido del próximo presupuesto, que deberá presentarse a más tardar el 8 de septiembre, deberá ser una obra artesanal para que pueda cumplir con los pendientes en salud, seguridad, educación, entre otras, y a la vez incentivar a los millones de mexicanos beneficiarios de los programas sociales, a quien Morena, como lo hicieron otros partidos en su momento, convirtió en clientela electoral.
Ni modo que no haya dinero para eso en la elección más grande en la historia del país.
