Este tipo de protestas comenzaron hace dos meses y se han extendido desde la capital, Bratislava, a más de 30 ciudades y pueblos e incluso al extranjero.
Miles de personas se manifestaron frente al Parlamento de Eslovaquia el miércoles para condenar un plan del nuevo gobierno del primer ministro populista Robert Fico para eliminar la oficina del fiscal especial que se ocupa de los delitos graves y la corrupción.
La manifestación tuvo lugar mientras los legisladores concluían un debate sobre ese y otros cambios propuestos al código penal. La coalición gobernante, que tiene mayoría en el Parlamento, pospuso la votación final hasta el jueves.
Varias personas vinculadas al partido del primer ministro se enfrentan a procesos por escándalos de corrupción. Las instituciones de la Unión Europea han cuestionado los cambios previstos, que también incluyen una reducción de las penas por corrupción y un acortamiento significativo del plazo de prescripción.
La presidenta Zuzana Čaputová dijo que estaba dispuesta a vetar la enmienda y presentar un recurso constitucional si la coalición tripartita gobernante anula su veto. Los partidos de oposición también planean un desafío.
Este tipo de protestas comenzaron hace dos meses y se han extendido desde la capital, Bratislava, a más de 30 ciudades y pueblos e incluso al extranjero.
Fico regresó al poder por cuarta vez el año pasado después de que su partido de izquierda ganara las elecciones parlamentarias del 30 de septiembre con una plataforma prorrusa y antiestadounidense. A sus críticos les preocupa que Eslovaquia pueda abandonar su rumbo pro occidental y seguir la dirección de Hungría bajo el primer ministro Viktor Orbán.
Según el plan aprobado por el gobierno de coalición de Fico, los delitos como corrupción, crimen organizado y extremismo serían asumidos por los fiscales de las oficinas regionales, que no se han ocupado de esos delitos desde hace 20 años.
La coalición gobernante obligó a un procedimiento parlamentario acelerado para aprobar los cambios, lo que significa que el proyecto de ley no fue revisado por expertos ni otras personas que habitualmente participan en el proceso. La coalición también limitó el tiempo para el debate parlamentario.
