El Gobierno de Baréin prometió hoy adoptar una serie de medidas para mejorar la situación de los presos en las cárceles del país árabe, después de que más de 740 presos se declararan en huelga de hambre en protesta por las condiciones en los centros penitenciarios.
El Ministerio de Interior bareiní dijo en un comunicado que se aplicarán una serie de “mejoras” que incluyen el “desarrollo” de las instalaciones y de los servicios sanitarios en las cárceles, así como una revisión de los protocolos de visitas para otorgar “más tiempo” a los presos para estar con sus familias.
Estos cambios incluyen también ampliar el periodo de patio de los reclusos, una “revisión de las tarifas” de las llamadas telefónicas y agrandar el programa de acceso a la educación superior para los presos, del que actualmente se benefician unas 180 personas, de acuerdo con la nota.
De esta forma, el Gobierno ha cedido a las demandas de los presos y de varias organizaciones de derechos humanos, así como de manifestantes bareiníes, que llevan pidiendo durante semanas un trato digno a los internos en las cárceles de Baréin, especialmente en la de Jau.
Al menos 743 presos, la mayoría de ellos chiíes, están en huelga de hambre en esa cárcel en protesta por las condiciones y tratamiento en la cárcel.
Inicialmente, la huelga reunió el apoyo de 400 presos, pero al cabo del tiempo se ha ido ampliando y ha derivado incluso en grandes protestas pacíficas en todo Baréin en las que familiares de presos políticos encabezaron manifestaciones en solidaridad con los que estaban en huelga de hambre.
Entre sus demandas se encuentran el fin de la cohabitación entre presos políticos y sentenciados por delitos como violaciones y asesinatos; que se les permita orar en una mezquita en construcción; la permisión de visitas de familiares que no sean parientes de primer grado; o la prestación de atención médica adecuada.
Asimismo, varias ONG y familiares también piden la liberación de los sentenciados “por motivos políticos” y “tras juicios injustos”, como es el caso de decenas de defensores de derechos humanos, activistas y opositores.
Baréin, de unos 1,8 millones de habitantes, más del 70 % de ellos chiíes, fue escenario desde 2011 de protestas populares para pedir reformas políticas, y desde entonces diversas organizaciones internacionales han denunciado numerosos casos de tortura, represión y encarcelamiento de opositores por motivos políticos o religiosos.
Grupos de la oposición chií, como Al Wefaq y Al Waad fueron prohibidos en 2016 y sus líderes están acusados de incitar al odio y llamar a la desobediencia e incluso de conspirar con Irán, que lidera la rama chií del islam, contra el Gobierno de la familia real suní Al Jalifa.
