La Central Asháninka del Río Ene (CARE) denunció el hostigamiento constante de la Marina de Guerra de Perú, en medio de la investigación sobre el secuestro de cuatro personas en la provincia de Satipo, departamento de Junín.
Mediante un hilo en X (antes conocido como Twitter), la CARE difundió el testimonio de una comunera de la localidad de Osherato, en el que relata que los militares pretenden hacerles firmar hojas en blanco a cambio de “ayudas sociales”.
“Rechazamos esta escalada en el hostigamiento a nuestras comunidades”, manifestó la CARE en la red social, en la que también mostró fotografías de los efectivos fuertemente armados.
La organización condenó la desaparición de las cuatro personas, pero señaló que “esta legítima búsqueda de justicia no puede utilizarse para criminalizar a todo un pueblo y estigmatizar a sus dirigentes”.
Del 14 al 15 de abril pasado se produjo un paro en la zona del río Tambo para exigir justicia y mayor seguridad para los pueblos indígenas, tras el asesinato del dirigente asháninka Santiago Contoricón.
Y fue precisamente durante este periplo que desaparecieron José Valdivia Andamayo, Brandom Alejandro Cruz Rojas, Erick Cabrera Cáceres y Adrián Asunción Ramírez Fernández. Ahora la Fiscalía apunta a ocho personas, incluidos líderes asháninkas.
Ángel Pedro Valerio, presidente de la CARE, y Fabián Antúnez, presidente de la Central Asháninka del Río Tambo (CART), fueron detenidos recientemente como principales sospechosos del secuestro.
Royer Camacho, vicepresidente de la CARE, reprochó la acción de las autoridades: “Nos están atropellando e intentando criminalizar como organización e inculparnos por los crímenes de Puerto Ocopa”, sostuvo.
En ese sentido, la CARE exhortó al Gobierno a que “cesen estas intromisiones” y a otros entes, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a que se pronuncien “sobre este acoso injusto e indefendible y el racismo supremacista hacia el pueblo asháninka”.