El máximo tribunal rechazó -con nueve votos a favor y dos en contra- el llamado “marco temporal”.
La Corte Suprema de Brasil declaró este jueves constitucional el derecho de los indígenas a las tierras que han ocupado “histórica”, “tradicionalmente” y “en forma permanente”, rechazado por grandes empresarios del campo y grupos políticos de ultraderecha.
La decisión fue adoptada por nueve votos a favor y dos en contra y rechaza el llamado “marco temporal”, que propone limitar esos derechos a las tierras que los indígenas ocupaban al 5 de octubre de 1988, cuando fue promulgada la actual Constitución brasileña.
Esa tesis, considerada inconstitucional por los indígenas, pues no reconoce sus derechos sobre tierras que ocupaban mucho antes de 1988 y de las que, en muchos casos, fueron expulsados en forma violenta por colonos, sólo fue respaldada por dos de los jueces, los únicos del tribunal con un claro perfil conservador.
La mayoría de los magistrados se aferró al artículo 231 del texto constitucional, en el cual se define como tierras indígenas a aquellas “habitadas en carácter permanente, usadas para actividades productivas e imprescindibles para la preservación de los recursos ambientales”, así como de “sus costumbres y tradiciones”.
La sentencia fue celebrada en forma ruidosa por cientos de indígenas agolpados a las puertas de la corte y que siguieron el juicio a través de grandes pantallas de televisión.
Tras declararse favorable al derecho de los pueblos originarios, el Supremo discutirá a partir de la semana próxima fórmulas legales para los casos de muchos terratenientes que ocupan desde hace décadas áreas reclamadas por los indígenas, aunque lo hacen bajo una dudosa legalidad.
Se trata de personas que, de “buena fe”, según un magistrado, pagaron por esas tierras a Administraciones regionales o municipales, que las vendieron al amparo de muchas lagunas legales que existían sobre esa cuestión antes de la Constitución de 1988.
Según datos oficiales, los indígenas ocupan cerca del 14% del territorio nacional, representado por unas 500 áreas ya delimitadas, a las que se pueden sumar otras 200 que aún son analizadas por las instituciones del Estado. En Brasil viven cerca de 1,7 millones de indígenas dentro y fuera de reservas, de los 203 millones de habitantes, según el último censo.
Según movimientos indigenistas y ecologistas, la sentencia del Supremo supone un acto de “justicia histórica”, que además promoverá una mayor protección del medioambiente, pues las tierras indígenas, muchas situadas en la Amazonía, son las más preservadas del país, de acuerdo a datos oficiales.
