Tuvo que enfrentarse a un intenso interrogatorio ante los legisladores por su política de inmigración y dar a conocer el Plan de Ruanda.
El primer ministro británico, Rishi Sunak, enfrenta una de las semanas más difíciles de sus 13 meses en el cargo mientras sus abogados lo interrogan sobre sus decisiones durante la pandemia de COVID-19 mientras evita una rebelión de los legisladores sobre su política de inmigración característica.
Sunak fue interrogado bajo juramento en una investigación pública sobre el manejo de la pandemia por parte de Gran Bretaña, que dejó más de 230.000 muertos en el país. Sunak era jefe del Tesoro del primer ministro Boris Johnson cuando llegó el coronavirus y respaldó una iniciativa de descuento que alentó a la gente a volver a los restaurantes en agosto de 2020 después de meses de cierre.
Los asesores científicos del gobierno dijeron a la investigación que no fueron informados con anticipación sobre el plan “Comer fuera para ayudar”, que los científicos han vinculado con un aumento de las infecciones. Un alto asesor científico del gobierno se refirió a Sunak en un mensaje a sus colegas en ese momento como “Dr. Muerte.”
Sunak negó que hubiera habido “un choque entre la salud pública y la economía” a la hora de afrontar la pandemia.
Dijo que veía su papel como asegurarse de que el primer ministro tuviera el mejor asesoramiento, información y análisis posibles en relación con el impacto económico de posibles medidas. Destacó que Johnson, como primer ministro en ese momento, era “el único y último que tomaba las decisiones”.
Sunak abrió su testimonio disculpándose con todos aquellos que perdieron a sus seres queridos, familiares, a través de la pandemia o habían sufrido como resultado de las acciones que se tomaron.
Dijo que era importante aprender las lecciones para que podamos estar mejor preparados en el futuro. Sin embargo, su evidencia no incluirá sus mensajes de WhatsApp de esa época. Sunak afirmó que se habían perdido durante varios cambios de teléfono desde entonces.
Mientras Sunak soportaba las seis horas previstas de testimonio, los legisladores de su Partido Conservador debatían si apoyarían una legislación destinada a salvar su plan de enviar a algunos solicitantes de asilo que llegaran a Gran Bretaña en un viaje de ida a Ruanda.
La política es clave para la promesa de Sunak de impedir que solicitantes de asilo no autorizados intenten llegar a Inglaterra desde Francia en pequeñas embarcaciones. Más de 29.000 personas lo han hecho este año, frente a las 46.000 de todo 2022.
El plan ya le ha costado al gobierno 240 millones de libras (300 millones de dólares) en pagos a Ruanda, que acordó en 2022 procesar y asentar a cientos de solicitantes de asilo al año procedentes del Reino Unido. Pero todavía no se ha enviado a nadie al país, y la última El mes pasado, la Corte Suprema del Reino Unido dictaminó que el plan era ilegal y dijo que Ruanda no es un destino seguro para los refugiados.
En respuesta, Gran Bretaña y Ruanda firmaron un tratado comprometiéndose a fortalecer la protección de los migrantes. El gobierno de Sunak sostiene que el tratado le permite aprobar una ley que declara a Ruanda un destino seguro, independientemente del fallo de la Corte Suprema.
