La medida fue anunciada por la administración de Javier Milei, que hace un mes suspendió la pauta publicitaria oficial en los medios también por 12 meses.
El gobierno del presidente ultraliberal Javier Milei intervendrá durante un año todos los medios estatales dentro de su política de “reorganización de las empresas públicas” en Argentina, según lo confirmó el decreto publicado en el Boletín Oficial.
La agencia de noticias Télam, el portal Educ.ar, la Radio Nacional, la Televisión Pública y las señales de Contenidos Públicos segmentados (Encuentro, Paka Paka, Depor TV, ACUA Mayor y ACUA Federal) integran la lista de medios intervenidos durante un año, con opción de prórroga, por el decreto 117/2024.
También queda incluida la administración del Polo de Producción Audiovisual y el acervo del Banco Audiovisual de Contenidos Universales Argentino (Bacua).
La misión de la intervención será”elaborar un plan de reformulación, readecuación y acción para las sociedades, que incluirá la revisión de la administración de fondos, la modificación del régimen de contrataciones y la designación o suspensión de funcionarios.
Además, entre los fines de los interventores está el de optimizar la gestión administrativa con miras a tornar sustentable dichas empresas, todo ello dentro de la anunciada búsqueda de una mayor eficiencia en el funcionamiento del sector público.
El viernes Manuel Adorni, vocero presidencial explicó que aún el gobierno no tiene definido si avanzará o no en la privatización de los medios de comunicación.
Con respecto al personal que labora en esas empresas, Adorni sostuvo que todos los que trabajan de buena fe y aportan valor, no tienen de qué preocuparse.
La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren) advirtió que la intervención es una violación de la legislación vigente y pasa por encima del Congreso, ya que algunas de las empresas intervenidas cuentan con directivos votados por distintas representaciones parlamentarias, a quienes se les quitará todo rol.
El colectivo difundió un comunicado en redes sociales, resaltando que es clara la intención del Poder Ejecutivo de privatizar los medios públicos para hacer un negocio con ellos, puede ser inmobiliario, funcional a los sectores privados de la comunicación.
En el recurso presentado ante la Justicia, el colectivo señala la absoluta incompatibilidad del DNU con las obligaciones del Estado en materia de sostenimiento y resguardo del rol social de los medios públicos, que garantizan pluralidad de voces.
