En el plan que planteó el primer ministro Sunak, todo aquel solicitante de asilo será enviado a Ruanda de manera permanente.
El gobierno británico espera que un último impulso pueda reactivar su estancado plan de enviar a algunos solicitantes de asilo en un viaje de ida a Ruanda. Un proyecto de ley destinado a superar un bloqueo de la Corte Suprema del Reino Unido a los vuelos de deportación regresa a la Cámara de los Comunes el lunes y podría convertirse en ley en unos días.
Eso sería un impulso para el primer ministro Rishi Sunak, que enfrenta la inquietud de sus colegas legisladores conservadores mientras el partido va rezagado en las encuestas de opinión antes de las elecciones previstas para este año.
Gran Bretaña y Ruanda firmaron un acuerdo hace casi dos años por el que los inmigrantes que cruzaran el Canal de la Mancha en pequeñas embarcaciones serían enviados al país de África Oriental, donde permanecerían permanentemente. Hasta ahora, ningún migrante ha sido enviado a Ruanda en virtud del acuerdo.
Los legisladores de la Cámara de los Comunes rechazaron el lunes los cambios realizados al proyecto de ley de seguridad de Ruanda por la cámara alta del Parlamento, la Cámara de los Lores. Los Lores insertaron una serie de enmiendas diseñadas para suavizar la legislación.
Las 10 enmiendas, respaldadas por miembros de la oposición de los Lores, fueron eliminadas por los legisladores de la Cámara de los Comunes, donde los conservadores tienen mayoría.
Una vez que el proyecto de ley se convierta en ley, podrían pasar semanas antes de que despeguen los vuelos a Ruanda, ya que las personas elegidas para la deportación probablemente presenten apelaciones legales.
Sunak dijo el lunes que mantenía una promesa anterior de que los vuelos comenzarían en la primavera.
El plan es clave para su promesa de detener los barcos que traen inmigrantes no autorizados al Reino Unido. Sunak sostiene que deportar a los solicitantes de asilo no autorizados disuadirá a la gente de realizar viajes arriesgados y romperá el modelo de negocio de las bandas de tráfico de personas.
Poco menos de 30.000 personas llegaron a Gran Bretaña en pequeñas embarcaciones en 2023, muchas de ellas no procedentes en absoluto del continente africano.
Gran Bretaña ha prometido a Ruanda al menos 370 millones de libras (470 millones de dólares) como parte del acuerdo, cuyo costo está aumentando rápidamente.
En noviembre, la Corte Suprema del Reino Unido dictaminó que el plan de Ruanda era ilegal porque la nación no era un destino seguro para los solicitantes de asilo. Durante décadas, grupos de derechos humanos y gobiernos han documentado supuesta represión de la disidencia por parte del gobierno de Ruanda tanto dentro del país como en el extranjero, así como graves restricciones a la libertad, reunión y expresión en Internet.
