Los agricultores condujeron docenas de tractores en un convoy a cámara lenta hacia el Parlamento británico para protestar contra las reglas y acuerdos comerciales posteriores al Brexit que, según dicen, están poniendo en peligro los medios de vida y la seguridad alimentaria.
Los partidarios de los grupos de campaña Save British Farming y Fairness for Farmers of Kent llegaron desde el sureste de Inglaterra y atravesaron distritos del sur de la capital, con destino a la Plaza del Parlamento, donde decenas de seguidores esperaban para darles la bienvenida.
Una fila de tractores con banderas británicas o carteles que decían “Detener las importaciones de calidad inferior” serpenteaba a lo largo del río Támesis y hacia las Casas del Parlamento antes de rodear la Plaza del Parlamento entre vítores y bocinazos.
Hasta ahora, Gran Bretaña no ha visto protestas de agricultores a gran escala como las que han afectado a ciudades de Francia y otros países europeos. Los agricultores de los 27 países de la Unión Europea han protestado contra lo que consideran reglas burocráticas innecesarias, objetivos de limpieza de aire y suelo y competencia desleal del exterior que, según dicen, los está llevando a la bancarrota.
La agricultura del Reino Unido se ha visto fuertemente afectada por la salida de Gran Bretaña de la UE, que sacó a Gran Bretaña de la zona de libre comercio del bloque y de la compleja red de reglas agrícolas.
Muchos agricultores británicos respaldaron el Brexit por oposición a la muy criticada Política Agrícola Común de la UE. Pero ahora muchos dicen que los acuerdos comerciales posteriores al Brexit entre el Reino Unido y países como Australia y Nueva Zelanda han abierto la puerta a importaciones baratas que están socavando a los productores británicos.
Los organizadores también critican el etiquetado que permite que los productos lleven una bandera de la Unión cuando no han sido cultivados ni criados en Gran Bretaña.
El Reino Unido también ha retrasado los controles de las importaciones que debían comenzar después de la ruptura final del país con la UE a finales de 2020, una medida que, según los agricultores, amenaza la bioseguridad.