La cámara baja del parlamento suizo siguió los pasos del Senado, o cámara alta, al aprobar una medida que prohibiría el uso, el uso público o la exhibición de símbolos nazis y racistas que pudieran fomentar el odio o la violencia extremista.
La propuesta va más allá de una simple prohibición de los recuerdos nazis, que había fracasado en el pasado en el parlamento, e incluye otras formas de símbolos extremistas que podrían provocar odio o violencia.
La mayoría de los grupos políticos respaldaron la medida y superaron la oposición del derechista Partido Popular Suizo, que tiene la mayor cantidad de escaños en las dos cámaras. La votación coloca a Suiza en camino de unirse a otros países europeos que han promulgado prohibiciones similares.
Los esfuerzos para impulsar una legislación más estricta se han acelerado en los últimos meses a raíz de una oleada de ataques antisemitas en toda Europa y más allá que acompañó el inicio de la última guerra entre Israel y Hamás en Gaza hace más de seis meses.
La guerra estalló después de que los grupos militantes Hamás y Jihad Islámica atacaran el sur de Israel el 7 de octubre, matando a 1.200 personas en Israel y tomando a 250 como rehenes. Israel respondió con una ofensiva en Gaza que causó una devastación generalizada y mató a más de 33.800 personas, según funcionarios de salud locales.
Sin embargo, la legisladora de Zurich Barbara Steinemann, del Partido Popular Suizo, no estuvo de acuerdo. “Nuestra sociedad debe ser capaz de afrontar el hecho de que siempre habrá una base de unos pocos chiflados insignificantes”, afirmó.
Steinemann argumentó además que la nueva ley hará poco para evitar que los judíos tengan miedo en un clima antisemita. Afirmó que los judíos están sacando a sus hijos de las escuelas, abandonando Europa, porque ya no se sienten seguros.
“La prohibición de los símbolos no evitará ataques ni actitudes antisemitas, que también abundan en nuestras universidades y en los entornos intelectuales”, añadió.
La medida pasará ahora al Consejo Federal ejecutivo para obtener un texto final que el Parlamento pueda convertir en ley.
El ministro de Justicia, Beat Jans, dijo que el consejo de siete miembros expresó la semana pasada su apoyo a la medida y señaló la necesidad de ajustar la legislación para que quede claro qué acciones están permitidas y al mismo tiempo brindar flexibilidad para realizar cambios fácilmente si es necesario.