Cualquier empresa estadounidense con inversiones en Venezuela tendrá 45 días para cerrar sus operaciones.
Estados Unidos no renovó la licencia 44 que alivia las sanciones al petróleo y gas de Venezuela para castigar al presidente Nicolás Maduro por haber obstaculizado a la oposición a presentarse en las elecciones.
El anuncio fue realizado este miércoles, después de “una revisión minuciosa de la situación actual en Venezuela”.
“El Gobierno de Joe Biden determinó que Nicolás Maduro y sus representantes no han cumplido plenamente los compromisos asumidos en el acuerdo de hoja de ruta electoral”, firmado con la oposición en octubre pasado, señaló el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller.
Por lo tanto la licencia general 44, que autoriza la producción y venta de petróleo y gas, “vencerá a las 00:01 del 18 de abril”, añadió en un comunicado.
Pero la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro, emitió otra licencia, la 44A, que la reemplaza para “la liquidación de transacciones” pendientes “antes del 31 de mayo”.
Las autoridades venezolanas han fijado un calendario electoral y aceptado misiones de observación internacionales en las elecciones del 28 de julio, en las que Maduro se presenta a un tercer mandato.
Pero la principal rival del chavismo, María Corina Machado, sigue inhabilitada y Corina Yoris, nominada por ella para sustituirla en los comicios, también ha sido vetada.
Washington también está preocupado por los siete miembros del equipo de campaña de Machado detenidos y otros tantos bajo órdenes de arresto.
“Esta es la consecuencia de haber incumplido su parte de lo acordado”, declaró Machado, que denuncia “una ola represiva brutal”.
La OFAC “considerará solicitudes de licencias específicas para continuar las actividades más allá del final del período de liquidación, caso por caso”, asegura Miller.
El ministro venezolano de Petróleo, Pedro Tellechea lo da por sentado.
La producción de Venezuela se sitúa en torno a los 800,000 barriles diarios, tras tocar piso a mediados de 2020, cuando se desplomó por debajo de los 400,000, pero está lejos de los 3 millones que alcanzaba hace 15 años.
El embargo al petróleo y el gas de Venezuela fue impuesto en 2019 como parte de una batería de sanciones para intentar provocar la caída de Maduro tras las elecciones de 2018, consideradas fraudulentas por Washington.
El gobierno de Biden, que ya reimpuso sanciones al oro venezolano, ha sopesado varios aspectos para decidir si revertía la flexibilización al embargo petrolero a menos de siete meses para las elecciones presidenciales de Estados Unidos, pero solo uno parece haber sido determinante.
La reimposición de sanciones no afecta a licencias anteriores, como la otorgada en 2022 al gigante estadounidense Chevron para operar en Venezuela y cobrar con crudo deudas pendientes.
