El primer ministro socialista, Pedro Sánchez, salió de España en vilo después de anunciar que podría dimitir debido a lo que llamó una campaña de difamación sin precedentes contra su esposa.
Sánchez, en el cargo desde 2018, sorprendió a la nación al anunciar que cancelaría todos los eventos oficiales hasta la próxima semana, cuando revelará sus planes futuros. El anuncio se produjo horas después de que un juez provincial de Madrid aceptara estudiar las acusaciones de corrupción presentadas por un grupo de derecha contra la esposa de Sánchez, Begoña Gómez. Las acusaciones contra Gómez fueron hechas por un grupo llamado Manos Limpias.
El pueblo español se encuentra sumida en las dudas de que es lo que hará Sánchez, de 52 años cuando regresa la próxima semana a España.
Sánchez dejo una carta de cuatro páginas en donde decía que necesitaba tiempo para reflexionar sobre su futuro. Era la primera vez que un presidente del Gobierno hacía esto en España. La carta sorprendió a muchos observadores políticos por su contenido íntimo y emocional para un líder que rezuma fría confianza y, al estilo europeo, mantiene a su esposa y sus dos hijas fuera del centro de atención.
Horas antes de que Sánchez lanzara su bomba en una carta, un juez español acordó investigar las acusaciones de corrupción contra Gómez hechas por un grupo privado con un historial de presentar demandas principalmente por causas de derecha. La denuncia se basa en informes periodísticos. El jueves, el fiscal regional de Madrid recomendó que se desestimara.
-Si Sánchez dimite, le corresponderá al rey Felipe VI de España consultar con los líderes de los partidos en la cámara baja del parlamento para ver si algún político puede reunir el apoyo necesario para formar un nuevo gobierno.
-Pero en ese caso Sánchez podría decidir afrontar un voto de confianza de la Cámara baja, que podría ganar con mayoría simple en función del apoyo del que ya goza.
-Sin embargo también podría anunciar elecciones anticipadas, aunque el parlamento no se disolvería antes del 29 de mayo por mandato constitucional.
Las tres opciones probablemente dejarían en suspenso importantes proyectos legislativos, incluido un controvertido plan para reconocer el Estado de Palestina, alcanzar un acuerdo con Gran Bretaña sobre el estatus de Gibraltar tras el Brexit y un proyecto de ley para conceder una amnistía a los separatistas catalanes que impulsaron ilegalmente la secesión