Son al menos 49 los empleados que han desafiado al gobierno del Papa Francisco, presentando una demanda colectiva contra su administración.
Cuarenta y nueve empleados de los Museos Vaticanos han presentado una demanda colectiva ante la administración del Vaticano exigiendo mejores prestaciones por antigüedad, licencias y horas extras en un desafío público inusual al gobierno del Papa Francisco.
La denuncia, fechada el 23 de abril y hecha pública este fin de semana en los periódicos italianos, también alegaba que el personal enfrentaba riesgos de salud y seguridad debido a iniciativas de ahorro de costos y aparente generación de ganancias en el museo, incluido el hacinamiento y la reducción de guardias de seguridad para mantener a raya a los turistas.
Ni el portavoz del Vaticano ni el cardenal Fernando Vérgez Alzaga, presidente de la administración del Estado de la Ciudad del Vaticano que controla los museos, respondieron a un correo electrónico en busca de comentarios.
La denuncia es el último desafío legal para subrayar cómo las leyes, regulaciones y prácticas del Vaticano son a menudo incompatibles con las normas italianas y europeas.
Recientemente, casos civiles y penales han expuesto cómo los empleados del Vaticano, especialmente los ciudadanos italianos laicos, tienen pocos o ningún recurso legal más allá del peculiar sistema de justicia de la ciudad-estado, una monarquía absoluta donde el pontífice Francisco ejerce el poder ejecutivo, legislativo y judicial supremo.
En la demanda colectiva, escrita y firmada por la veterana abogada del Vaticano Laura Sgro en nombre de los 49 empleados, el personal del museo citó la enseñanza social de la Iglesia Católica y los propios llamamientos de Francisco a los empleadores para que respeten la dignidad de los trabajadores al exigir un mejor trato.
Entre otras cosas, exigieron una mayor transparencia sobre cómo los empleados pueden avanzar, un restablecimiento de las primas de antigüedad e insistieron en que el Vaticano siguiera las normas italianas sobre los días de enfermedad. Actualmente, los empleados tienen que quedarse en casa todo el día, en lugar de unas pocas horas, para esperar una posible visita y comprobar que no se están tomando simplemente el día libre, según la denuncia.
Según las normas laborales del Vaticano, Verzaga tiene 30 días para responder a la denuncia. Si no se inician conversaciones, Sgro puede llevar las reclamaciones a la oficina laboral del Vaticano para intentar una reconciliación negociada, que podría terminar en el tribunal. Sin embargo, la oficina puede negarse a escuchar el caso y, según los abogados, a menudo lo hace, dejando a los empleados sin ningún otro recurso.
En casos recientes ante el tribunal del Vaticano, los abogados han señalado que podrían intentar llevar las quejas de los empleados sobre el sistema al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La Santa Sede no es miembro del tribunal ni signataria del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Pero algunos abogados dicen que, no obstante, el Vaticano se comprometió a defender las normas europeas de derechos humanos cuando firmó la convención monetaria de la Unión Europea en 2009.
Los Museos Vaticanos son una de las principales fuentes de ingresos del Vaticano, ya que subsidian la burocracia de la Santa Sede, que actúa como gobierno central de la Iglesia Católica. Los museos, que sufrieron un gran impacto financiero por los cierres y restricciones de COVID-19, aumentaron el costo de una entrada de precio completo a principios de año a 20 euros, frente a 17 euros.
