Puglia es conocida por sus olivares, sus casas encaladas con forma de cono y sus espectaculares costas que servirán de telón de fondo cuando la Premier Giorgia Meloni reciba a los líderes del Grupo de los Siete para su cumbre anual esta semana.
Pero la región también alberga a la Sacra Corona Unita, el cuarto grupo del crimen organizado de Italia. Es mucho menos conocida que la Cosa Nostra de Sicilia, la ‘ndrangheta de Calabria o la Camorra de Nápoles, pero igual de eficaz para infiltrarse en todo, desde las empresas locales hasta el gobierno.
Y, sin embargo, un notable número de mujeres como la jueza Francesca Mariano están desafiando sus estructuras de poder asumiendo un gran riesgo personal. Están arrestando y procesando a miembros del clan, exponiendo sus crímenes y confiscando sus negocios, mientras trabajan para cambiar las actitudes locales y las normas culturales que han permitido a esta mafia echar raíces tan profundas como los famosos olivos de Puglia.
La Sacra Corona Unita, o SCU, es el único grupo del crimen organizado en Italia cuyos orígenes se conocen: un criminal local lo fundó en la prisión de Lecce en 1981, en parte para hacer retroceder a otros grupos mafiosos que intentaban infiltrarse en la zona.
Su nombre y ritos de iniciación están ligados a la fe católica, con la corona, en referencia a las cuentas de un rosario.
Lenta, pero constantemente, la SCU se entretejió en el tejido de la sociedad de Puglia, mezclando sus actividades ilícitas con negocios legítimos. Hoy en día cuenta con unos 30 clanes y unos 5.000 miembros, casi todos hombres.
“El tráfico de drogas es el principal negocio”, afirmó Carla Durante, jefa de la oficina de Lecce de la Dirección de Investigación Antimafia, una fuerza policial interinstitucional. “Eso siempre va acompañado de extorsión, usura. Y ahora, como en todo el país, tenemos infiltración en la administración pública”.
La SCU toma los miles de millones de euros que gana con el tráfico de drogas y los lava a través de negocios legítimos, a menudo en la floreciente industria turística de Puglia.
Una de las formas más efectivas de combatirlo ha sido confiscando los bienes de propiedad de la mafia. El equipo de Durante secuestra propiedades de la mafia, como viñedos o granjas, que luego se entregan a organizaciones locales para que las transformen en centros o proyectos comunitarios socialmente útiles.
Dos semanas después de que Mariano enviara sus órdenes de arresto para una represión de la mafia denominada “Operación Lobo”, uno de los sospechosos casi le corta la garganta a la fiscal principal del caso, Carmen Ruggiero.
Pancrazio Carrino, una de las 22 personas nombradas en la orden, había manifestado su deseo de colaborar con la investigación de Ruggiero.