Los tribunales condenaron a diez militares que violentaron a campesinas cuando eran adolescentes entre 1984 y 1994.
Tribunales peruanos condenaron a 10 exmilitares por violar a nueve adolescentes entre 1984 y 1994 en una zona de los Andes donde, en lugar de proteger a la población, cometieron diversos abusos en medio del conflicto armado que Desangraba al Perú entre 1980 y 2000. El juez Marco Angulo, de la primera sala penal superior, condenó a siete exmilitares a 10 años de prisión, ordenó doce años de prisión para otro, mientras que dos exmilitares más obtuvieron sentencias de ocho y seis años de prisión.
Los crímenes también fueron considerados crímenes de lesa humanidad por el juez, que mantuvo en suspenso las penas para otras tres personas que no comparecen desde hace varios meses en el proceso.
Angulo dijo que la ausencia de garantías constitucionales en la localidad de Manta, región Huancavelica, donde ocurrieron las violaciones, convirtió la posibilidad de denunciar abusos sexuales en actos marginales y sin atención. Añadió que las víctimas vivieron en medio de un rechazo social que las obligó a cargar en el más absoluto desamparo el reclamo de sus derechos vulnerados.
La fiscalía pedía entre 18 y 20 años de prisión para los militares acusados, tres de ellos oficiales y otra decena personal de tropa durante la década en la que se cometieron los delitos sexuales.
El proceso judicial sobre lo ocurrido en la localidad de Manta, región de Huancavelica, es el primero en Perú donde se conoce un caso grupal de víctimas de violencia sexual durante el conflicto que dejó a la población atrapada en medio del enfrentamiento entre militares y el grupo terrorista. Sendero Luminoso está siendo juzgado.
El juez Angulo relató hechos específicos en los que ocurrieron las violaciones. En ocasiones los crímenes ocurrieron cuando los adolescentes ingresaban a sus casas luego de ser amenazados con fusiles, o luego de ser detenidos y acusados sin pruebas de ser parte de Sendero Luminoso.
Angulo indicó que un primer elemento fundamental para la comisión de delitos sexuales contra las agraviadas fue la existencia de un contexto de sometimiento y terror y que, desde el momento en que los militares llegaron a Manta en 1984, se generó un contexto de abuso contra la población civil. Se estableció una población en la que los militares tenían control absoluto sobre la vida de las personas.
Según los testimonios recabados en el proceso, los habitantes de Manta debían pedir permiso al jefe de la base militar si querían salir del pueblo para realizar alguna actividad, así como también debían cargar leña o cocinar para los uniformados sin recibir pago por este trabajo. También sufrieron en silencio el robo de sus animales o bienes por parte de los militares, quienes podían quemar casas o disparar, provocando heridas o la muerte a hombres, mujeres o niños, sin rendir cuentas a nadie.
La investigación del caso por parte de la Fiscalía se inició en 2004 luego de que un informe de una Comisión de la Verdad sobre los hechos ocurridos durante la violencia política, publicado en 2003, dedicara un capítulo a lo sucedido en Manta y concluyera que la violencia sexual era una práctica persistente y cotidiana por lo que los principales responsables fueron los miembros del Ejército destacados en las bases militares del lugar.
El abogado dijo que varias víctimas en algún momento intentaron suicidarse, también por la consecuencia del embarazo que perpetúa la experiencia de la violación a través de la experiencia de la maternidad.
