El Banco Mundial tiene previsto emitir su primer bono para la sequía en los próximos 12 a 18 meses y ampliar su oferta de bonos para catástrofes en apoyo de los países que sufren la devastación de tormentas y terremotos, dijo un alto ejecutivo de la entidad crediticia.
El bono de sequía sería un nuevo instrumento en el conjunto de los llamados bonos catástrofe del prestamista multilateral, instrumentos de renta fija que pagan a los países en caso de catástrofe natural.
“Nos encantaría hacer algo en el ámbito de la sequía, es algo en lo que estamos trabajando”, declaró George Richardson, director del departamento de mercados de capitales e inversiones del Tesoro del Banco Mundial, añadiendo que lo más probable es que se centre en África.
El Banco Mundial lleva más de una década emitiendo bonos para catástrofes a través de su brazo crediticio, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), para ayudar a las economías emergentes a mitigar las consecuencias de tormentas y terremotos.
Ha desembolsado 568 millones de dólares en seguros sobre estos instrumentos. La gran mayoría de los bonos catastróficos del Banco Mundial cubren países de las regiones del Pacífico y el Caribe, y México domina la emisión.
El prestamista está en conversaciones con más países para ampliar el ámbito geográfico, dijo Richardson.
El sur de África está sufriendo la peor sequía de los últimos años, debido a la combinación de El Niño y el aumento de las temperaturas promedio provocado por las emisiones de gases de efecto invernadero. El año pasado se produjeron fenómenos meteorológicos extremos que batieron récords.
Según Richardson, la modelización de sequías, incendios forestales e inundaciones es algo más difícil que la de terremotos o tormentas para un bono de catástrofes paramétrico, un instrumento cuya activación que depende de los parámetros físicos de un suceso.
El Banco Mundial también ha ofrecido recientemente a los países vulnerables y de renta baja la opción de introducir cláusulas en sus préstamos a la entidad crediticia con sede en Washington que permitirían a los gobiernos aplazar los pagos hasta dos años si se vieran afectados por una catástrofe natural grave.
Hasta ahora, siete países han firmado las llamadas Cláusulas de Deuda Resiliente al Cambio Climático (CRDC):
Bahamas, Barbados, Belice, Granada, Santa Lucía, San Vicente, Las Granadinas y Montenegro