El Ministerio del Interior de Nicaragua informó del cierre de 1,500 organizaciones sin fines de lucro con motivo de supuestos incumplimientos de obligaciones fiscales
Tras el cierre de 1,5000 ONG en Nicaragua, la mayoría de corte religioso, por orden del gobierno de Daniel Ortega, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) calificó el hecho como profundamente alarmante, sobre todo, por tratarse de un país en el que la libertad religiosa y cívica es restringida por el Gobierno.
Es una decisión profundamente alarmante, en un país que ha visto el espacio cívico severamente erosionado en los últimos años y restricciones indebidas a la libertad religiosa, exclamó el portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH), Liz Throssell, en un comunicado emitido este martes.
Esta es la mayor disolución de entidades sociales en Nicaragua desde las protestas de 2018. Daniel Ortega ha ordenado el cierre de más 5,000 organizaciones, medios y universidades privadas desde 2022. Entre las ONG clausuradas está la Cruz Roja, clubes de ajedrez, rotarios, asociaciones de pequeños comerciantes, rurales y de jubilados.
El Ministerio del Interior de Nicaragua informó del cierre de 1,500 organizaciones sin fines de lucro con motivo de supuestos incumplimientos de obligaciones fiscales.
La disolución de las organizaciones fue aprobada por la ministra del Interior, María Amelia Coronel, según un acuerdo ministerial publicado en el Diario Oficial de Nicaragua. La semana pasada se ordenó el cierre de otras 15 ONG.
A los cientos de asociaciones católicas, evangélicas, sociedades y fundaciones benéficas, deportivas, de pequeños comerciantes, rurales y de jubilados que han sido clausurados en Nicaragua se les confiscarán sus bienes.
En la misma situación se encuentran organizaciones indígenas y de excombatientes de la lucha entre el gobierno sandinista y los ‘contras’ en los años 80.
Daniel Ortega, sostiene que las ONG, principalmente aquellas con nexos con la Iglesia Católica, apoyaron las protestas en su contra en 2018, las cuales son calificadas por él como un intento de golpe de estado orquestado desde Washington.
El Parlamento nicaragüense aprobó nuevas normas jurídicas que obligan a las ONG a trabajar “en alianza” con el Estado.
