El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, propuso una reforma constitucional que lo convertiría oficialmente a él y a su esposa, la actual vicepresidenta Rosario Murillo, en “copresidentes” de la nación centroamericana.
Aunque la iniciativa debe pasar por la legislatura del país, el partido Sandinista de Ortega y Murillo controla el congreso y todas las instituciones gubernamentales, por lo que es probable que sea aprobada.
La propuesta también busca ampliar el mandato presidencial de cinco a seis años. Ortega presentó otro proyecto de ley el miércoles que haría ilegal que cualquiera haga cumplir sanciones de Estados Unidos u otros organismos extranjeros “dentro del territorio nicaragüense”.
La oficina del secretario general de la Organización de los Estados Americanos condenó las reformas constitucionales propuestas. Las propuestas surgen en medio de una ofensiva continua por parte del gobierno de Ortega desde las protestas sociales masivas de 2018 que el gobierno reprimió violentamente.
El gobierno de Nicaragua ha encarcelado a adversarios, líderes religiosos, periodistas y más, y luego los ha exiliado, despojando a cientos de personas de su ciudadanía y posesiones nicaragüenses. Desde 2018, ha cerrado más de 5.000 organizaciones, en su mayoría religiosas, y ha obligado a miles de personas a huir del país.
Los grupos disidentes, incluida la Alianza Universitaria Nicaragüense, rápidamente criticaron las medidas, calificándolas de una extensión de esa represión.
“Están institucionalizando el nepotismo y la represión, destruyendo el estado de derecho. La democracia enfrenta su mayor amenaza”, escribió la organización en la plataforma de redes sociales X el miércoles.
Manuel Orozco, director del programa de migración, remesas y desarrollo del Diálogo Interamericano, calificó las reformas propuestas por Ortega como nada más que una formalización automática de una decisión para garantizar la sucesión presidencial para Murillo y su familia. Ortega se ha referido a Murillo anteriormente en los últimos años como su copresidente.
Orozco dijo que la reforma constitucional a la presidencia es parte de un plan a largo plazo para que la administración permanezca en el poder, y fue impulsada el miércoles como una forma de evitar provocar a la administración entrante del presidente electo estadounidense Donald Trump.