El Tribunal Supremo (TS) alemán ratificó la condena contra una mujer identificada como Irmgard Furchner, exsecretaria del campo de concentración de Stutthof, Polonia, por complicidad en 10,505 casos de asesinato en el marco del plan de exterminio de los judíos del régimen nazi.
Furchner, que actualmente tiene 99 años, trabajó como secretaria del campo entre junio de 1943 y abril de 1945.
La Audiencia Provincial de Itzehoe había considerado probado que con su trabajo la mujer había ayudado al plan de asesinato sistemático de los prisioneros y la había sentenciado a dos años de cárcel, conmutables por libertad condicional.
Su defensa había interpuesto un recurso que fue rechazado ahora por el TS, por considerar que no estaba claro ni probado que fuera consciente de lo que ocurría en el campo, ni que su trabajo colaborarse en un proceso de asesinato sistemático.
En Stutthof, cerca de la actual ciudad polaca de Gdansk, estuvieron internados entre 1939 y 1945 110,000 personas. Cerca de 65,000 fueron asesinadas.
El proceso ha generado atención por varias razones como la avanzada edad de la acusada y también por el hecho de que probablemente será uno de los últimos relacionados con los crímenes del nacionalsocialismo.
De momento hay tres procesos pendientes, pero en dos casos los tribunales han considerado que los acusados de no están en condiciones de que se les siga el proceso.
El caso Furchner ha revivido la pregunta de porque la justicia alemana tardó tanto en llevar a los tribunales a cómplices de los crímenes nazis.
Una sentencia del TS de 1969 -antes había habido algunas condenas relacionadas con el Holocausto- dificultó la persecución de los responsables al exigir que a estos se les tenía que probar su complicidad en casos concretos y mostrar una causalidad entre sus actos y los crímenes.
Eso llevó a que se archivaran varios procesos, incluso contra guardias que habían participado en la selección en la rampa de Auschwitz.
Un nuevo giro en la doctrina jurídica se dio en 2011 cuando John Demjanjuk, antiguo guardia de Sobibor, fue condenado por complicidad en 28,000 casos de asesinato sin que se probara un nexo causal de sus actos con las muertes.
Después, en una revisión de otra condena contra un guardia de Auschwitz, Oskar Groning, el TS sentenció que era suficiente que el acusado hubiera formado parte de la maquinaria de la muerte y que hubiera ayudado con su trabajo a que se perpetrasen en poco tiempo un gran número de asesinatos.
Desde entonces ha habido más de una docena de procesos contra gente de avanzada edad en la que antiguas víctimas han dado su testimonio sobre los crímenes del nacionalsocialismo.
“Para las víctimas es importante ser oídas por una instancia oficial”, dijo en declaraciones al diario ‘Süddeutsche Zeitung’ el catedrático de Derecho de la Universidad de Erlangen, Christoph Safferling, que se ha ocupado en varias publicaciones del tratamiento judicial de los crímenes nazis.
Safferling considera que la sentencia del TS de 1969 fue una catástrofe que impidió durante mucho tiempo la realización de procesos.