El fallo significa que el gobierno ya no puede rastrear electrónicamente a los más de 200 no ciudadanos con antecedentes penales que fueron liberados.
El máximo tribunal de Australia dictaminó el miércoles que los inmigrantes no pueden ser obligados por ley a llevar brazaletes electrónicos de rastreo ni a cumplir con los toques de queda. El fallo es un golpe para el gobierno, cuyos abogados han argumentado sin éxito que las leyes que imponen toques de queda y tecnología de rastreo están justificadas para proteger a la comunidad.
Cinco de los siete jueces del Tribunal Supremo dictaminaron que las duras restricciones impuestas a más de 100 inmigrantes, generalmente debido a sus antecedentes penales, eran inconstitucionales porque las condiciones equivalían a un castigo. La constitución establece que el castigo debe ser impuesto por los jueces, no por los legisladores.
Las restricciones eran parte de las leyes de emergencia aprobadas apresuradamente en diciembre en respuesta a otro fallo del Tribunal Supremo que establecía que los no ciudadanos ya no podían ser detenidos indefinidamente como alternativa a la deportación.
El fallo significa que el gobierno ya no puede rastrear electrónicamente a los más de 200 no ciudadanos con antecedentes penales que fueron liberados y, por una variedad de razones, no pudieron ser deportados.
El ministro del Interior, Tony Burke, dijo que presentaría una legislación al Parlamento el jueves que “permitirá un proceso ajustado para el uso de dispositivos de monitoreo electrónico y toques de queda”. No detalló esos ajustes.
Los legisladores de la oposición describieron la decisión del Tribunal Superior como una pérdida vergonzosa para el gobierno.
“El efecto de esta decisión será que 215 delincuentes peligrosos no ciudadanos, incluidos 12 asesinos, 66 delincuentes sexuales, 97 personas condenadas por agresión, 15 perpetradores de violencia doméstica y otros, estarán libres en la comunidad sin ningún tipo de vigilancia ni toques de queda”, dijo un comunicado de la oposición.
