Por Alejandro Encinas
Tiene que ver con la violencia intrafamiliar y sexual, que vulnera el derecho de las niñas
En fecha reciente, el Conapo publicó las estimaciones de la razón de fecundidad forzada en niñas y adolescentes, lo que permite evaluar los resultados de las políticas públicas encabezadas por este Consejo, en particular la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes iniciada en 2015, que dan cuenta de la disminución de las tasas de nacimientos por cada mil niñas y adolescentes de 15 a 19 años de edad, que entre 2020 y 2022 pasó de 67.4 a 66.2, y cada vez es menos frecuente que las niñas tengan 2 o más hijos antes de cumplir los 14 años de edad.
Esto es de celebrarse, pues da cuenta de que los derechos sexuales y reproductivos avanzan, sobre todo en este grupo de edad, al igual que los servicios amigables con adolescentes en el sector salud.
Sin embargo, pese a los avances prevalecen retos importantes. Por ejemplo: en las estimaciones se puede observar un estancamiento en el grupo de niñas entre 10-14 años, que aumentó ligeramente de 1.63 a 1.69 nacimientos por cada mil niñas, lo cual no es menor, si consideramos que la maternidad infantil les arrebata, sobre todo a las niñas madres, la posibilidad de un desarrollo pleno, el acceso a sus derechos, educación y movilidad social.
La tasa de fecundidad forzada de niñas de 12 a 14 años registró un aumento del 40 por ciento entre 1990 y 2018, pasando de 2 por ciento a 2.8 por ciento en dicho periodo, al igual que la razón de fecundidad forzada de niñas entre 10 y 14 años de edad, situación que se ha mantenido estable entre 2018 y 2021. Sin embargo, la tasa es mayor en zonas rurales (1.85) que en zonas urbanas (1.46). Los progenitores de los hijos de las niñas de 10-14 años son en su mayoría personas de edades mayores que ellas: 37 por ciento tienen entre 15 y 19 años y 18.6 por ciento se ubican entre los 20 y 24 años, incrementándose notoriamente el porcentaje en el que no se especifica la edad del progenitor, al pasar de 19 por ciento en 1990 a 32.9 por ciento en 2021.
Lo anterior es causa y consecuencia de la falta de autonomía en la toma de decisiones de las niñas y adolescentes que viven en zonas rurales y en hogares en situación de pobreza o marginación, como sucede en los estados de Chiapas, Tabasco, Coahuila y Guerrero.
La proporción de niñas entre 10 y 14 años que se encontraba casada al registrar el nacimiento de un hijo ha caído de 37.2 por ciento en 1990 a uno por ciento en 2021, mientras que han aumentado las que se declaran en unión libre (53.9%) o solteras (27.4%), así como en las que no se especifica su estado civil (17.3%). Lo que expresa el aumento de las uniones libres (y descenso de matrimonio) en todas las edades y ámbitos del país, y en segundo lugar que avanza paulatinamente la estrategia de prohibición del matrimonio en menores de 18 años.
El embarazo en niñas y adolescentes se vincula indiscutiblemente con la deserción escolar; las niñas que tienen hijos dejan de estudiar. En 2021 sólo el 9 por ciento de las niñas de 10-14 años que tuvieron hijos continuaban estudiando, aunque esta proporción ha aumentado (en 2009 era tan sólo el 5%). En 2020 y 2021 hubo aumento de la proporción de niñas madres dedicadas a algún trabajo remunerado, llegando a representar 20 por ciento del total de niñas madres, la mayoría (65%) se dedican a los quehaceres del hogar.
Necesitamos como sociedad y Estado hacer énfasis en que los nacimientos de madres menores de 15 años son forzados, y forman parte de la violencia sexual hacia las niñas. Estamos enfrentando un fenómeno complejo con arraigo cultural que tiene que ver con la violencia intrafamiliar y sexual y el matrimonio o unión libre forzada, que vulnera los derechos de las niñas. Es necesario fortalecer la educación sexual integral desde las familias y la educación básica, a fin de permitir no sólo conocer el funcionamiento del cuerpo, identificar y nombrar situaciones de abuso, así como decidir sobre el propio cuerpo, en un ejercicio pleno de derechos de las niñas.
