La decisión de destituir a Conille llega tras semanas de conflicto entre el dirigente y el consejo de transición.
El Consejo Presidencial de transición en Haití decidió destituir al primer ministro, Garry Conille, con el que mantenía un conflicto por el control del gobierno, según una publicación del diario oficial del país caribeño, con fecha del lunes 11 de noviembre.
El órgano presidencial de nueve miembros, formado en abril para dirigir una nación golpeada por un repunte de la violencia pandillera y tras la dimisión del impopular primer ministro Ariel Henry, había investido a Conille a principios de junio.
Según el documento el Consejo Presidencial eligió al empresario Alix Didier Fils-Aimé como nuevo primer ministro.
La decisión de destituir a Conille llega tras semanas de conflicto entre el dirigente y el consejo de transición. Este último deseaba cambiar los titulares de los ministerios de Justicia, Finanzas, Defensa y Salud, una decisión rechazada por el primer ministro, según el Miami Herald.
Conille envió, por su parte, una carta al órgano presidencial esta semana para pedir la dimisión de tres de sus miembros implicados en un escándalo de corrupción.
La decisión del Consejo Presidencial abre un nuevo periodo de incertidumbre en el país caribeño, golpeado desde hace décadas por la violencia, la pobreza y la inestabilidad política.
Este cambio al frente del gobierno llega en el peor momento para Haití, un país devastado por la violencia de las pandillas y hundido en una grave crisis humanitaria.
Varios de esos grupos armados, que controlan el 85% de la zona metropolitana de Puerto Príncipe y las principales carreteras del país, se aliaron en febrero para derrocar al gobierno de Henry con una serie de ataques contra infraestructuras claves como el aeropuerto internacional, comisarías y cárceles.
El nombramiento del consejo de transición y del gobierno interino de Conille tenía como objetivo principal frenar a esas pandillas y conducir al país a sus primeras elecciones desde 2016.
Las nuevas autoridades se comprometieron además a recibir una fuerza internacional, apoyada por la ONU, cuyo objetivo era respaldar a la policía nacional.
