Por Paola Félix Díaz
En la mesa de nuestras hijas e hijos debe haber maíz mexicano y no alimento para el ganado.
A las mexicanas y mexicanos: Hace un par de días el Ejecutivo Federal publicó un nuevo Decreto a fin de revocar los permisos para el uso del maíz genéticamente modificado y glifosato, estableciendo diversas reglas para su comercio y uso en nuestro país, mismas que sustituyen las contenidas en el del 31 de diciembre de 2020.
El reciente Decreto acota la prohibición al maíz destinado al consumo humano, por lo que ahora las dependencias de la Administración Pública Federal deberán abstenerse de adquirir, utilizar e importar maíz genéticamente modificado o el glifosato, en tanto que las autoridades de bioseguridad deberán revocar y abstenerse de otorgar permisos para el uso e importación de maíz transgénico para la alimentación humana, así como para el uso de las semillas de maíz genéticamente modificado y el glifosato o productos que lo incluyan. En cuanto a la importación y el uso del maíz transgénico destinado al uso pecuario e industrial, ordena instrumentar acciones encaminadas a la sustitución gradual de dicho producto.
Las voces críticas no esperaron para señalar que la decisión pone en riesgo la competitividad del país debido al incumplimiento de sus obligaciones comerciales, particularmente, las derivadas del T-MEC, pretendiendo imponer una vez más las razones de mercado por encima de la Soberanía nacional y dejar en último plano la salud del pueblo de México. Al igual que el gobierno estadounidense esgrimen que la falta de justificación científica contradice las disposiciones del Tratado, sobre todo del Capítulo 9 que consigna que toda medida que implique prohibición o restricción al comercio de mercancías debe estar siempre debidamente basada en principios científicos.
La realidad es que el Decreto prohíbe el uso de maíz genéticamente modificado para la masa y la tortilla, lo cual no representa afectación alguna al comercio ni a las importaciones, entre otras razones, porque México es autosuficiente en la producción de maíz blanco libre de transgénicos. La decisión protege a las y los mexicanos del consumo de masa y tortilla provenientes de semillas cuyo genoma ha sido alterado mediante la introducción artificial de una o más secuencias de ADN ajeno, al tiempo que evita la introducción de semillas y fertilizantes que echen a perder las tierras mexicanas, pues es bien sabido que estos productos no son benéficos ni para la agricultura ni para la salud.
Para nadie es un secreto que atrás de las semillas transgénicas existe un mercado mundial multimillonario que decide qué se siembra, dónde se siembra y qué se consume, faltando a la ética y mediante la imposición de medidas abusivas que aprovechan las desventajas económicas entre las naciones. Así, pasan por alto las consecuencias al medio ambiente y a la salud de las personas, mientras las empresas trasnacionales se apoderan de las mejores semillas y productos de nuestro país, en detrimento de nuestra seguridad y soberanía alimentaria.
La desnutrición y su paradójica compañera la obesidad son un grave problema en nuestro país, así como lo es el exponencial aumento de la diabetes, el cáncer y las enfermedades cardio y cerebrovasculares, cuya causa común es la mala alimentación basada en una dieta alejada de nuestra ancestral cultura gastronómica y cada vez más cercana a los mandatos de la industria alimentaria mundial que no tiene otro objetivo que sus intereses económicos.
Es cierto que México es el principal socio comercial de Estados Unidos y el maíz amarillo un producto estratégico, que les reporta ganancias de unos 19 mil millones de dólares, grano que es utilizado fundamentalmente para consumo animal en casi 80% y el resto destinado al humano; no obstante, esta realidad no debe seguir suc ediendo, pues ningún acuerdo puede estar por encima del bienestar de nuestro pueblo, del desarrollo del sector primario nacional y del patrimonio natural de la nación.
Como se ha repetido hasta el cansancio sin maíz no hay país, por eso es que nadie que se precie de ser un mexicano o mexicana de bien debería levantar la voz en favor de los intereses de la industria y de la economía de otras naciones, en perjuicio de la nuestra. Nadie en nuestra patria que sea honesto debería asentir que se importe glifosato a sabiendas de que es un herbicida de amplio espectro, que tiene efectos nocivos en la salud de los seres humanos (cancerígeno), en el medioambiente y la biodiversidad.
Los herbicidas, atentan contra el derecho a la alimentación nutritiva, de calidad y saludable, porque a su paso arrasan con los berros, la chaya de monte, las flores y guías de calabaza, los huazontles, el pápalo, los malacates, las distintas variedades de quelites, las verdolagas, el chipilín, los quintoniles, el epazote y un sin número de hierbas medicinales y altas en vitaminas, minerales y ácidos grasos, que junto con el maíz constituyen la dieta tradicional y fundamental de millones de familias indígenas.
Por eso es que no podemos pasar por alto el verdadero valor biológico, nutricional y económico del maíz mexicano, no solo del blanco, sino de la más de media centena de razas nativas que tenemos. La decisión de Andrés Manuel una vez más es acertada porque antes que los tratados comerciales, la industria extranjera y los intereses mezquinos de unos cuantos está la salud del pueblo, la milpa y los productos nacionales. Si queremos que nuestra economía crezca entonces fomentemos el mercado interno y no la importación de lo que otros países no quieren.
En la mesa de nuestras hijas e hijos debe haber maíz mexicano y no alimento para el ganado.
