El presidente Donald Trump de nuevo ha dado de qué hablar, ahora revela que entre sus planes estaría investigar a políticos mexicanos que estén vinculados con el crimen organizado así como el tráfico de fentanilo. Así lo dio a conocer durante una entrevista, en donde pidió a Pam Bondi, actual fiscal general de Estados Unidos, que debería investigar a funcionarios mexicanos que estén vinculados con el crimen organizado, como el tráfico de fentanilo.

Se le preguntó si también tiene la intención de responsabilizar a estos políticos corruptos, de haberse beneficiado de la trata de personas y del ingreso de fentanilo, a lo cual respondió que todo dependía de lo que investigue la Fiscal de los Estados Unidos.

Las declaraciones del presidente se dieron después de que México entregará a los Estados Unidos 29 narcotraficantes mexicanos a Estados Unidos, incluido Rafael Caro Quintero, quien era buscado por la DEA desde 1985 por asesinar a ‘Kiki’ Camarena.

Trump fue quién dirigió al Departamento de Justicia y al Departamento de Estado para que se extraditaran a 29 narcotraficantes mexicanos, señaló la Casa Blanca.

El Gobierno estadounidense reconoció a funcionarios del gabinete de Donald Trump por llevar a cabo la operación, pero sin mencionar el apoyo de las autoridades mexicanas.

“El fiscal general Pam Bondi y el secretario de Estado, Marco Rubio, hicieron un trabajo tremendo al lograrlo”, señaló.

Pero también acusó y señaló a la administración del expresidente Joe Biden el haber permitido que estos criminales operaran de manera libre, cometiendo crímenes por todo el mundo.

Por esta razón, destacó que la entrega de Rafael Caro Quintero, a quien señaló de torturar y asesinar al agente de la DEA, Enrique ‘Kiki’ Camarena, en 1985.

Además añadió que la administración Trump está declarando a estos matones como terroristas, porque eso es lo que son, y exige justicia para el pueblo estadounidense.

Mientras que en México, el fiscal General, Alejandro Gertz Manero, aclaró que los capos mexicanos fueron entregados y no extraditados, pues la operación se hizo de acuerdo con la Ley de Seguridad Nacional, que tiene más de 20 años, tras una solicitud del Gobierno de los Estados Unidos.