Mediante dos iniciativas al Congreso del Estado de México, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez busca incrementar las sanciones contra la tala ilegal y la modernización en trámites legales para reducir la corrupción.

De acuerdo a la iniciativa contra la tala, se plantea reformar el Código Penal y fortalecer la protección de los recursos forestales y la degradación de bosques, con penas de hasta 25 años de prisión y multas de hasta 3 mil 500 días de salario mínimo.

Este proyecto surge ante la alarmante deforestación que afecta al estado, donde en 2022 se perdieron mil 310 hectáreas de bosques maderables debido a la tala clandestina, donde municipios como Lerma, Huixquilucan, Texcoco y Ocoyoacac han sido los más afectados.

Entre 2001 y 2021, el país perdió un promedio de 208 mil 850 hectáreas anuales de bosques, agravando la crisis climática y afectando a comunidades que dependen de estos recursos.

Las reformas propuestas incluyen penas de 10 a 20 años de prisión y multas de mil a mil 500 días de salario mínimo para quienes realicen tala, transporte, almacenamiento o comercialización ilegal de productos forestales.

Se contemplan agravantes con penas de 15 a 25 años y multas de 2 mil a 3 mil 500 días de salario mínimo en casos de mayor impacto ambiental. Además, se contempla la protección de áreas naturales, donde quienes dañen áreas protegidas enfrentarán de 5 a 15 años de prisión y multas de 100 a 500 días de salario mínimo.

La iniciativa también busca alinearse con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, promoviendo la gestión sostenible de los bosques y la reforestación. Además responde al Plan de Desarrollo del Estado de México 2023-2029, que prioriza la protección ambiental y el combate a los delitos ecológicos.

Con el objetivo de agilizar y modernizar los procesos legales en el Estado de México, el gobierno presentó una iniciativa que busca optimizar los trámites relacionados con el Registro Público de la Propiedad y el Notariado, garantizando mayor eficiencia, transparencia y certeza jurídica para los ciudadanos.

Uno de los aspectos más destacados de la iniciativa es la integración de procesos electrónicos en los trámites registrales y notariales, como la utilización de firmas y sellos electrónicos; esto no solo agilizará los procedimientos, sino que también garantizará la seguridad y autenticidad de los documentos.

Esta medida se alinea con las disposiciones de la Ley de Gobierno Digital del Estado de México y Municipios, adaptándose a los avances tecnológicos y a las nuevas demandas sociales.

La iniciativa busca reducir la corrupción en los servicios públicos al disminuir la interacción directa entre los servidores públicos y los ciudadanos, por lo que al implementar tecnologías de la información y comunicación se espera erradicar actos de corrupción en los trámites registrales y notariales, ofreciendo un servicio más transparente y cercano a la población.

Otro punto importante es la distinción clara entre errores de concepto y errores materiales en los documentos legales, de modo que con esta diferenciación se permitirá evitar confusiones y asegurar que las correcciones se realicen conforme a los procedimientos adecuados, protegiendo así los derechos de las partes involucradas.