La ministra Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es víctima de una campaña de odio que busca minar su imagen de cara al análisis de la reforma electoral o Plan B.
Desde Palacio Nacional, el propio presidente Andrés Manuel López Obrador atiza la campaña al cuestionar, sin mayores argumentos que su palabra, la honestidad de la ministra.
El jefe del Ejecutivo dijo que “desde que llegó -Piña- a la Corte, se han dictado sentencias a favor de delincuentes’’, refiriéndose a la exoneración de Rosario Robles, al amparo que ganó Francisco Javier García Cabeza de Vaca y al descongelamiento de las cuentas de la esposa de Genaro García Luna, el mismo día en el que el exsecretario de Seguridad fue hallado culpable de delitos relacionados con el narcotráfico.
No hay argumentos, no hay datos duros ni información, solo la palabra presidencial, que es la orden para que sus seguidores se lancen en una cruzada en contra de la ministra incómoda.
Ayer, desde una cuenta de Twitter -que no ponemos para no hacer más famoso al presunto delincuente-, se publicó una foto de la ministra Piña con la leyenda “el problema’’ y abajo una foto de una bala con la leyenda “la solución’’.
La amenaza debía investigarse, si el Gobierno la tomara en serio.
Piña y los ministros que han mostrado su independencia del Ejecutivo han sido sistemáticamente acosados en las redes por los lopezobradoristas.
La ministra no ha respondido a los ataques ni de manera personal ni institucional.
Pero queda claro que la estrategia es debilitar, minar, cuestionar la ética personal de la presidenta de la Corte como una forma de intimidar de cara a la que se prevé será una discusión fundamental para el futuro del país y de la 4T.
Si el Presidente presume que hay o hubo actos de corrupción en los tres casos arriba citados, tiene a la Fiscalía General para que los investigue y los denuncie y, en el último de los casos, para que le demuestre a él que efectivamente los jueces se vendieron.
Pero de eso a que solo porque él lo dice debemos creer que José Ramón Cossío “es un corruptazo’’ o que la ministra Piña ordenó a los jueces fallar a favor de tres presuntos delincuentes, hay una Constitución de diferencia.