El Servicio de Seguridad de Ucrania realizó registros en varios monasterios, oficinas, instalaciones educativas y otras propiedades de la Iglesia ortodoxa ucraniana y usó el detector de mentiras durante el interrogatorio a clérigos en algunos casos, denunció la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los DD.HH.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó este viernes un informe sobre la situación de los DD.HH. en Ucrania, en el que aborda la cuestión de la libertad de religión y expresa sus preocupaciones acerca de la discriminación contra la Iglesia ortodoxa ucraniana del Patriarcado de Moscú (UPTs, por sus siglas en ruso).
El documento señala que el Servicio de Seguridad ucraniano (SBU, por sus siglas en ucraniano) “realizó registros (a los que en ocasiones llama “medidas de seguridad”) en varios monasterios, oficinas, instalaciones educativas y otras propiedades de la Iglesia ortodoxa ucraniana en las regiones de Kiev, Rovno, Zhitómir, Ivano-Frankovsk, Chernovtsy, Dnepropetrovsk, Jmelnitski, Cherkasy, Volyn, Jersón, Ternópol, Poltava y Transcarpatia.
Detalla que en algunos casos los agentes del Servicio usaron el detector de mentiras durante el interrogatorio a clérigos.
El informe señala que el SBU confirmó que al menos tres notificaciones de sospecha fueron emitidas a sacerdotes de la UPTs: dos de las cuales relacionadas con la supuesta “violación de la igualdad de los ciudadanos basándose en su raza, nacionalidad, creencia religiosa, discapacidad u otras razones” y una con “múltiples cargos, incluidos el de infracción de la integridad territorial y la inviolabilidad de Ucrania y el de la negación de la agresión armada de la Federación Rusa contra Ucrania”. Al menos dos sospechosos se encuentran bajo arresto domiciliario veinticuatro horas al dia, agregó.
En ese contexto, la Oficina del Alto Comisionado para los DD.HH. destacó su preocupación por la posibilidad de que las actividades del Estado dirigidas a la Iglesia ortodoxa ucraniana “pudieran ser discriminatorias”. La entidad “también recuerda la necesidad de garantizar que todos los que enfrentan cargos criminales gocen de todo el espectro de derechos aplicables a un juicio justo”.
La Iglesia ortodoxa ucraniana del Patriarcado de Moscú ha sido objeto de persecución por parte de las autoridades ucranianas durante los últimos años.
Recientemente, expulsiones de clérigos y registros se han reportado en diversas regiones del país y han llegado a la sede principal de la UPTs en la capital.
El pasado 10 de marzo, las autoridades exigieron a los monjes del Monasterio de las Cuevas de Kiev que abandonaran las instalaciones antes del 29 de marzo, con el pretexto de prohibir las actividades de organizaciones afiliadas a la influencia rusa.
Por su parte, el patriarca Kiril, cabeza de la Iglesia ortodoxa rusa, se dirigió a los líderes religiosos y representantes de organizaciones internacionales, pidiéndoles que “hagan todo lo posible” para impedir la expulsión de los monjes del Monasterio de las Cuevas de Kiev. “Es lamentable que mientras los dirigentes estatales de Ucrania declaran su compromiso con las normas democráticas, la vía europea de desarrollo y el respeto de los derechos humanos y las libertades, estos derechos y libertades estén siendo pisoteados hoy de la manera más flagrante”, subrayó.
