El presidente de Rusia, Vladímir Putin, firmó este martes un decreto sobre medidas de respuesta en caso de incautación de activos rusos en el extranjero.
En concreto, el documento prevé la posibilidad de dictaminar una gestión externa temporal de propiedades y activos pertenecientes a personas procedentes de los países inamistosos si los bienes de Rusia, de sus ciudadanos o de sus compañías fuesen confiscados en EE.UU. o en las naciones que se unan a Washington.
Los activos que podrían así quedar bajo administración externa son bienes muebles e inmuebles, títulos de valor, participaciones en capitales estatuarios y derechos de propiedad.
En tal circunstancia, la gestión temporal correrá a cargo de la Agencia Federal para el Manejo de Propiedad Estatal (Rosimushestvo, en ruso), aunque también se estipula la posibilidad de comisionar a otra entidad mediante una decisión del mandatario al respecto. El administrador provisional ejercería las facultades de propietario de estos bienes, excepto la de enajenarlos.
En la lista de los activos para los que ya se aplica la gestión temporal figuran 83,73 % de las acciones de la compañía Unipro (perteneciente a Uniper, basada en Alemania), así como dos paquetes de acciones de la empresa finlandesa Fortum (69,8 % de la sucursal Fortum Russia y 28,3 % de Fortum Holding).
Esta misma jornada, el vicepresidente del Consejo de Seguridad del país, Dmitri Medvédev, aseveró que Moscú responderá a una eventual incautación de sus activos congelados basándose en el principio del “ojo por ojo”.
“La confiscación de activos rusos, tanto a ciudadanos como a empresas, es un acto ilegal. Esencialmente es un robo, para el que no cabe ninguna base jurídica”, resaltó el expresidente, agregando que Occidente “siempre partió de la tesis de la propiedad privada como sagrada e inviolable”, pero “en la situación actual ha pisoteado esencialmente esta doctrina con sus sanciones”.