Arabia Saudita, Egipto e Irán fueron responsables del 90% de todas las ejecuciones conocidas.
Las ejecuciones documentadas durante 2022 aumentaron de forma significativa, según un informe realizado por Amnistía Internacional: un 53% respecto a 2021. De 579, pasaron a 883, y esta cifra no tiene en cuenta las miles que se cree que se llevaron a cabo en China, además de otros gobiernos cuyo hermetismo y prácticas restrictivas dificultan y oscurecen lo que ocurre realmente dentro de sus fronteras.
El reporte examina la aplicación judicial de la pena de muerte entre enero y diciembre de 2022. La información proviene de diversas fuentes: las cifras oficiales disponibles; las sentencias; información de personas condenadas a muerte, sus familias y representantes; medios de comunicación e informes de otras organizaciones de la sociedad civil.
En 2009, por ejemplo, Amnistía Internacional dejó de publicar sus cifras estimadas sobre el uso de la pena de muerte en China, una decisión que reflejaba la preocupación por la forma en que las autoridades chinas tergiversaban las cifras de la organización.
La investigación de la organización reveló un repunte del número de personas que fueron ejecutadas.
En 2022 se llevaron a cabo al menos 883 ejecuciones, frente a las 579 que, como mínimo, se consumaron en 2021, lo que supone un incremento del 53 por ciento.
Por segundo año consecutivo, se registró un aumento de las ejecuciones tras una disminución en las documentadas en 2018, 2019 y 2020.
Tres países -Arabia Saudita (196), Egipto (24) e Irán (al menos 576)- fueron responsables del 90% de todas las ejecuciones conocidas.
El fuerte aumento se debió sobre todo al significativo incremento documentado en la región de Oriente Medio y el Norte de África, donde el número de ejecuciones registradas aumentó un 59%: de 520 en 2021 a 825 en 2022.
Un 93% se llevaron a cabo en estas regiones, y, de las 825 ejecuciones registradas allí, el 94% fueron en Irán (70%) y Arabia Saudita (24%).
Irán y Arabia Saudita son dos países que ejecutan habitualmente a personas tras juicios injustos. En Arabia Saudita, las ejecuciones documentadas se triplicaron, pasando de 65 (2021) a 196 (2022), el número más alto registrado por Amnistía Internacional en el país en 30 años. En Irán, se documentaron 576 ejecuciones, lo que representó un aumento del 83% respecto de las 314 registradas el año anterior.
Cuatro países -Arabia Saudita, China, Irán y Singapur- llevaron a cabo ejecuciones por delitos de drogas, lo que significa una violación al derecho internacional de los derechos humanos, que prohíbe el uso de la pena de muerte para castigar delitos que no se ajusten a lo que se entiende por “los más graves”, como un homicidio intencional. De las 325 ejecuciones confirmadas, 255 se registraron en Irán, donde los delitos de drogas fueron la causa del 44% de las ejecuciones conocidas llevadas a cabo en 2022 en el país.
En total, se sabe que 20 países han ejecutado un total de 883 personas, en comparación con 579 en 18 países en 2021. Los 20 países son: Arabia Saudita, Afganistán, Bangladesh, Bielorrusia, China, Corea del Norte, Egipto, Estados Unidos, Irak, Irán, Japón, Kuwait, Myanmar, Palestina, Singapur, Siria, Somalia, Sudán del Sur, Vietnam y Yemen.
Pero además de los retrocesos hay buenas noticias: seis países abolieron la pena de muerte total o parcialmente en 2022. Cuatro países -Kazajistán, Papúa Nueva Guinea, Sierra Leona y República Centroafricana- abolieron la pena capital para todos los delitos.
