Organizaciones y oposición reaccionaron a la decisión criticando al Ejecutivo por infringir la libertad de expresión y criminalizar a los movimientos sociales.
El Gobierno de Francia decretó este miércoles en el Consejo de Ministros la disolución del colectivo ecologista ‘Les Soulèvements de la Terre’ (Los Levantamientos de la Tierra), acusándolo de generar violencia en sus acciones de protestas. La medida ha sido inmediatamente criticada por organizaciones sociales y la oposición.
“No es la libertad de expresión o la libertad de manifestación lo que está en cuestión. Tampoco son las ideas las que se sancionan. Es el uso reiterado de la violencia contra la propiedad y las personas, que se ha renovado en varias ocasiones esta semana […] El uso de la violencia no es legítimo en el Estado de derecho y eso es lo que se sanciona”, argumentó en rueda de prensa el portavoz del Gobierno, Olivier Véran.
Asimismo, el ministro del Interior, Gerald Darmanin, en una publicación en Twitter declaró que “no existe justificación alguna para los actos particularmente numerosos y violentos convocados y provocados por este grupo”.
“Bajo el pretexto de defender la conservación del medio ambiente”, el grupo “incita al sabotaje y al daño a la propiedad, incluso mediante la violencia”, justifica el Gobierno en el decreto de disolución. Al mismo tiempo, enumera una serie de acciones del colectivo que condujeron a “destrucción material” y “ataques físicos contra la Policía”, en referencia a varias protestas que resultaron en enfrentamientos, incluida una manifestación la semana pasada contra la construcción de la línea ferroviaria de alta velocidad Lyon-Turín, que conectaría Francia e Italia mediante la excavación de un túnel.
En marzo, el Gobierno anunció el inicio del proceso para la disolución del grupo ecologista, pocos días después de que se registraran enfrentamientos con la Policía en Sainte-Soline durante una manifestación contra grandes depósitos de agua para riego agrícola de exportación.
Levantamientos de la Tierra, que nació en enero de 2021 en la antigua ZAD (zona a defender) de Notre-Dame-des-Landes, prevé presentar un recurso ante el Consejo de Estado para revocar la decisión y ha llamado a sus simpatizantes a manifestarse en la tarde de esta misma jornada frente a las prefecturas de más de cien ciudades.
Otras organizaciones y opositores del Gobierno también criticaron la decisión, acusando al Ejecutivo de infringir la libertad de expresión y criminalizar a los movimientos sociales.
Por su parte, Amnistía Internacional Francia condenó la decisión. “Es necesario un recordatorio del derecho internacional”, tuiteó.
