La medida aplicará para aquellos ciudadanos sospechados de delitos castigados con al menos cinco años de cárcel. Además, será obligatoria una autorización de un juez.
En medio de las protestas sociales contra el gobierno de Emmanuel Macron, el Parlamento francés aprobó en las últimas horas un proyecto de ley que permitirá a la policía, entre el período 2023-2027, acceder a distancia a las cámaras, micrófonos y GPS de los teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos de aquellas personas que están bajo investigación de delitos castigados con al menos cinco años de cárcel.
La medida, que forma parte de un artículo que contiene varias otras disposiciones, fue votada por la Asamblea Nacional en el marco de un proyecto de ley más amplio para reformar la justicia. De esta manera, esta Ley de Justicia se suma a una serie de medidas que viene implementando el Gobierno francés para ampliar la autoridad policial a través de la tecnología.
Con 80 votos a favor y 24 en contra, el artículo 3 del proyecto de ley obtuvo la mayoría en la Asamblea Nacional, gracias al respaldo de los diputados de la bancada presidencial
Ahora sólo queda esperar a que el Presidente de la República promulgue la ley en los próximos 156 días. Durante ese periodo, los parlamentarios que se oponen aún tienen la posibilidad de recurrir al Consejo Constitucional.
El Senado, que aprobó la ley hace un mes, intentó restringir la medida a aquellos crímenes y delitos castigados con diez años de cárcel. Sin embargo, la Asamblea volvió a la versión impulsada por el Gobierno y, de esta manera, quedó establecido que aplicará a aquellos que están señalados por delitos penados con al menos cinco años de prisión.
La primera parte de la legislación autoriza la geolocalización para seguir en tiempo real los movimientos de las personas investigadas. La segunda parte, en tanto, habilita a las autoridades policiales a captar a distancia el sonido y las imágenes de las personas buscadas por casos de terrorismo y delincuencia organizada. Es decir, los agentes podrán utilizar el micrófono para grabar comunicaciones de voz, y la cámara para analizar secuencias de video.
Los políticos franceses añadieron una enmienda que exige la aprobación de un juez para cualquier vigilancia que se realice en el marco de esta nueva normativa. Además, el texto establece que el acceso a las cámaras y micrófonos durante la investigación en curso tendrá una vigencia de seis meses.
Varios políticos comparan esta práctica con la vieja técnica” de colocar micrófonos o cámaras a sospechosos, además, que la activación a distancia de dispositivos conectados ya es utilizada por los “servicios de inteligencia”, sin la autorización de un juez.
Otra limitación que tendrá la normativa está relacionada a las profesiones. Hay ciertas actividades sensibles que no podrán ser objeto de estas vigilancias: entre ellos se destacan los médicos, periodistas, abogados, jueces y diputados.
